Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Regulación del antejuicio

Un antejuicio sin lugar no tiene autoridad de cosa juzgada.

 

— MARIO FUENTES DESTARAC
Más noticias que te pueden interesar

El derecho de antejuicio (o de desafuero) es una excepción al principio de igualdad ante la ley procesal penal, toda vez que constituye una prerrogativa, no reconocida a la generalidad de las personas, por virtud de la cual algunos servidores públicos (dignatarios y funcionarios) no pueden ser juzgados penalmente ante los respectivos tribunales ordinarios o comunes sin que antes una autoridad, distinta del tribunal o juzgado competente para conocer de la respectiva imputación penal, declare que ha lugar a formación de causa criminal en contra del servidor.

En la propuesta de reforma constitucional que presentaron los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial se incorpora un artículo que dice: “El antejuicio es la garantía que gozan los dignatarios y funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, para no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, salvo en caso de flagrancia. Esta garantía tiene como objetivo preservar la función pública y que las potestades de que están investidos los dignatarios y funcionarios públicos no se vean interrumpidas injustificadamente con menoscabo de la continuidad y eficiencia de tales funciones; y viabiliza la persecución penal en los casos en que existe mérito para ello. Gozan de antejuicio los siguientes funcionarios 1) Presidente de la República; 2) Vicepresidente de la República; 3) Diputados al Congreso de la República; 4) Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; 5) Magistrados del Tribunal Supremo Electoral; 6) Magistrados de la Corte de Constitucionalidad; 7) Ministros de Estado; 8) Viceministros cuando estén encargados del Despacho; 9) Secretario General y Secretario Privado de la Presidencia de la República; 10) Procurador de los Derechos Humanos; 11) Fiscal General y Jefe del Ministerio Público; 12) Procurador General de la Nación; 13) Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente; 14) Magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones; 15) Jueces integrantes del Organismo Judicial; 16) Contralor General de Cuentas”.

Sin embargo, no se establece que la resolución que declara que no ha lugar a formación de causa penal en contra del servidor público imputado no tiene autoridad de cosa juzgada, ni en qué momento el dignatario o funcionario público queda suspenso en sus funciones después de que se haya declarado que ha lugar a formación de causa penal en su contra.

Por tanto, resulta procedente que se incorpore el siguiente texto normativo: “Cuando se declare que ha lugar a formación de causa penal contra dignatarios o funcionarios públicos que gocen de derecho de antejuicio o inmunidad, y que fueren ligados a proceso penal, estos quedarán inmediatamente suspensos en el ejercicio de sus funciones. La resolución por medio de la cual se declare improcedente o sin lugar un procedimiento de antejuicio causará estado, pero no tendrá fuerza o autoridad de cosa juzgada. En caso de sentencia condenatoria firme, el cargo quedará vacante”.

Por otro lado, la enumeración de los dignatarios y funcionarios públicos que gozan de derecho de antejuicio es redundante, porque ya están previstos en otras disposiciones de la Constitución de manera directa o indirecta.

Etiquetas: