Viernes 24 DE Mayo DE 2019
Opinión

Regulación del antejuicio

Un antejuicio sin lugar no tiene autoridad de cosa juzgada.

 

Fecha de publicación: 30-05-16

El derecho de antejuicio (o de desafuero) es una excepción al principio de igualdad ante la ley procesal penal, toda vez que constituye una prerrogativa, no reconocida a la generalidad de las personas, por virtud de la cual algunos servidores públicos (dignatarios y funcionarios) no pueden ser juzgados penalmente ante los respectivos tribunales ordinarios o comunes sin que antes una autoridad, distinta del tribunal o juzgado competente para conocer de la respectiva imputación penal, declare que ha lugar a formación de causa criminal en contra del servidor.

En la propuesta de reforma constitucional que presentaron los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial se incorpora un artículo que dice: “El antejuicio es la garantía que gozan los dignatarios y funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, para no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, salvo en caso de flagrancia. Esta garantía tiene como objetivo preservar la función pública y que las potestades de que están investidos los dignatarios y funcionarios públicos no se vean interrumpidas injustificadamente con menoscabo de la continuidad y eficiencia de tales funciones; y viabiliza la persecución penal en los casos en que existe mérito para ello. Gozan de antejuicio los siguientes funcionarios 1) Presidente de la República; 2) Vicepresidente de la República; 3) Diputados al Congreso de la República; 4) Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; 5) Magistrados del Tribunal Supremo Electoral; 6) Magistrados de la Corte de Constitucionalidad; 7) Ministros de Estado; 8) Viceministros cuando estén encargados del Despacho; 9) Secretario General y Secretario Privado de la Presidencia de la República; 10) Procurador de los Derechos Humanos; 11) Fiscal General y Jefe del Ministerio Público; 12) Procurador General de la Nación; 13) Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente; 14) Magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones; 15) Jueces integrantes del Organismo Judicial; 16) Contralor General de Cuentas”.

Sin embargo, no se establece que la resolución que declara que no ha lugar a formación de causa penal en contra del servidor público imputado no tiene autoridad de cosa juzgada, ni en qué momento el dignatario o funcionario público queda suspenso en sus funciones después de que se haya declarado que ha lugar a formación de causa penal en su contra.

Por tanto, resulta procedente que se incorpore el siguiente texto normativo: “Cuando se declare que ha lugar a formación de causa penal contra dignatarios o funcionarios públicos que gocen de derecho de antejuicio o inmunidad, y que fueren ligados a proceso penal, estos quedarán inmediatamente suspensos en el ejercicio de sus funciones. La resolución por medio de la cual se declare improcedente o sin lugar un procedimiento de antejuicio causará estado, pero no tendrá fuerza o autoridad de cosa juzgada. En caso de sentencia condenatoria firme, el cargo quedará vacante”.

Por otro lado, la enumeración de los dignatarios y funcionarios públicos que gozan de derecho de antejuicio es redundante, porque ya están previstos en otras disposiciones de la Constitución de manera directa o indirecta.