Sábado 20 DE Octubre DE 2018
Opinión

La justicia indígena y la elite nacional

Los pueblos indígenas no pueden seguir siendo sujetos de arrinconamientos, ignorancia y desprecio.

 

— Irmalicia Velásquez Nimatuj
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En el marco del diálogo nacional impulsado por los tres poderes del Estado, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y acompañado por la CICIG, el Sistema de Naciones Unidas entre otras entidades se busca discutir, aprobar e implementar reformas constitucionales exclusivamente en el sector justicia. Una de las reformas es el Artículo 203 que propone superar la exclusividad de la Corte Suprema en la aplicación de la justicia al reconocer el derecho de los pueblos indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus normas, procedimientos, usos y costumbres. Como era de esperarse y sin haber agotado el proceso ni las instancias de consulta o discusión el sector privado inició su tradicional proceso de oponerse a todo espacio que permita a los indígenas transitar el camino que legitime lo que en la práctica ocurre en la mayoría de comunidades.

La primera rama del sector privado en pronunciarse fue la Cámara de Comercio en su Convención Nacional de Filiales en la que, a través de su presidente Jorge Briz, se opusieron a la reforma del Artículo 203 de manera radical y frontal para que las comunidades indígenas administren justicia y con base a consultas realizadas por ellos niegan la paridad de la justicia indígena. Además, calificaron de “peligroso” que este artículo constitucional se amplíe.

Esta postura del sector privado es una muestra de cómo el racismo estructural emerge cada vez que se trata de reconocer, ampliar o ejercer derechos para los pueblos indígenas. Postura que es reforzada por los medios de comunicación y lanzada de manera amarillista al plantear que “la justicia indígena divide”, lo cual evidencia la ignorancia de la operatividad jurídica de los pueblos indígenas y de sus lógicas internas e históricas sobre cómo ejercen sus propios marcos de derecho.

El proceso de discusión sobre estas reformas no debe cerrarse por posturas como las de la Cámara de Comercio sino deben de seguirse abonando, dado que los pueblos indígenas no pueden seguir siendo sujetos de arrinconamientos, ignorancia y desprecio respecto de sus propias formar de vida. Seguirlo haciendo solo abona el campo del resentimiento, mantiene la segregación y fomenta la confrontación.

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