Sábado 8 DE Agosto DE 2020
Opinión

Irrefutable nulidad de contrato portuario

Fecha de publicación: 24-05-16
Por: EDITORIAL

A mediados del mes pasado, la CICIG y el MP revelaron el escándalo de corrupción detrás del contrato de usufructo oneroso celebrado entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), a través del Subinterventor de esta, y la entidad Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ), por el que la EPQ dio en usufructo oneroso a TCQ una fracción de 348 mil 171.81 metros cuadrados del inmueble donde se localiza Puerto Quetzal, y otorgó a TCQ un contrato de obra (construcción de la terminal de contenedores) y la cesión del servicio público de “satisfacer la demanda de tráfico portuario, tanto para carga y descarga de mercaderías, como para el embarque y desembarque de personas”.

El partido Encuentro por Guatemala impugnó de nulidad dicho contrato ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Procuraduría General de la Nación, órgano asesor y consultor del Estado, emitió opinión desfavorable contra dicha negociación, que deberá traducirse en otra impugnación de nulidad absoluta. En todo caso, cabe señalar que la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial (BM) financió la terminal de contenedores en Puerto Quetzal y se convirtió en accionista principal, a pesar de los graves vicios contractuales, extremo que ha puesto en “jaque” a la CFI y al BM, al punto que este ha quedado vetado en Guatemala y se le demandan justas compensaciones.

Dicha contratación adolece de nulidad absoluta por las siguientes razones:

El Artículo 95 de la Ley de Contrataciones dice: “(…) se entiende por concesión la facultad que el Estado otorga a particulares, para que por su cuenta y riesgo construyan, produzcan, monten, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y administren una obra, bien o servicio público, bajo el control de la entidad pública concedente, con o sin ocupación de bienes públicos, a cambio de una remuneración que el particular cobre a los usuarios de la obra, bien o servicio”. O sea que lo que realmente se dio fue una concesión del servicio público portuario, bajo la figura de “usufructo oneroso”.

Dado que la Ley Orgánica de la EPQ no contiene normas específicas sobre concesiones, debió aplicarse el Artículo 98 de la Ley de Contrataciones, que dice: “El régimen de concesiones establecido en este capítulo regirá en todos los casos en los que no exista otra ley específica que contenga normas de concesión para ámbitos especiales de aplicación”. Sin embargo, no se observaron las normas de dicha Ley sobre concesiones de servicios públicos ni la concesión fue aprobada por el Congreso, conforme el Artículo 183, inciso k), de la Constitución.

El Artículo 96 de la Ley de Contrataciones dice que las concesiones deben someterse al procedimiento de licitación pública, extremo que se omitió.

4) Si bien el Artículo 120 de la Constitución permite la intervención de empresas que prestan servicios públicos esenciales, como la EPQ, la Corte de Constitucionalidad, en opinión consultiva de 17 de septiembre de 2010 (expediente 3174-2010), expresó que “la medida de intervención debe limitarse a posibilitar una adecuada administración del ente intervenido, con el fin de normalizar y tornar eficiente su funcionamiento”, por lo que la intervención de la EPQ no podía adoptar decisiones de largo plazo, que afectaren el dominio de inmuebles o en relación a la cesión del servicio portuario, como las concesiones.