Miércoles 21 DE Agosto DE 2019
Opinión

El antejuicio está desbordado

En 2015 casi 89 mil personas beneficiadas.

 

Fecha de publicación: 16-05-16
Por: Édgar Gutiérrez

La propuesta de reforma constitucional en el capítulo de justicia reavivó el debate sobre el antejuicio, sobre todo ahora que el presidente Jimmy Morales se pronunció en la asamblea del sábado 14 de mayo de la Asociación Nacional de Municipalidades a favor de no retirarles la prerrogativa a los alcaldes, no obstante que el mandatario suscribió el 25 de abril la sugerencia de quitarla.

El Ipnusac publicó hace nueve meses una investigación de Lizandro Acuña que ilustrativamente se titula Excesos de la ley de antejuicio (Revista Análisis de la Realidad Nacional, año 4, núm. 79, 16-31 agosto 2015, pp. 14-33), el cual demuestra que en años electorales, como el pasado, entre funcionarios y aspirantes a cargos de elección popular, 88 mil 871 personas gozan de antejuicio. Ningún país en Latinoamérica ha extendido tanto ese privilegio como Guatemala.

Según la Constitución, quienes gozan de antejuicio son 1,701 funcionarios, incluyendo los presidentes de los tres organismos del Estado, magistrados, ministros y secretarios, gobernadores y 340 alcaldes, entre otros, pero la legislación ordinaria amplía el beneficio a otros cargos: subsecretarios y vicegobernadores a cargo del despacho, superintendentes, directores y subdirectores de Policía, fiscales distritales, de sección y agentes etcétera. Y la actual Ley Electoral a todos los candidatos y miembros de juntas receptoras de votos, que no son funcionarios. Es un enorme ejército blindado de inmunidades que –como Acuña lo demuestra– ha venido ampliándose en cada Constitución desde 1945, y no está clara la razón de Estado.

Y es que de acuerdo a la definición del Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel  Ossorio (1987: 57, citado por Acuña) el antejuicio es el “trámite previo, para garantía de jueces y magistrados, y contra litigantes despechados y ciudadanos por demás impulsivos, en que se resuelve si ha lugar, o no, a proceder criminalmente contra tales funcionarios judiciales por razón de su cargo, sin decidir sobre el fondo de la acusación.” Nuestra Ley de Antejuicio (Decreto 85-2002, Artículo 3) explica que el derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución o leyes ordinarias conceden a “los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa”, asentando que “el antejuicio es un derecho inherente al cargo (aunque se extendió a candidatos), inalienable, imprescriptible e irrenunciable.”

La tradicional falta de independencia del OJ convirtió el antejuicio en muro reforzado de impunidad. Si la reforma constitucional en debate crea condiciones de autonomía de jueces y magistrados se garantiza el debido proceso a funcionarios (y civiles) y por eso el derecho de antejuicio debería reducirse al mínimo. Como recomienda Acuña: únicamente a los presidentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.