Miércoles 14 DE Noviembre DE 2018
Opinión

El CACIF no está por sobre las comunidades

El país necesita empleo y necesita inversión.

— Irmalicia Velásquez Nimatuj
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A raíz de que la Corte de Constitucionalidad suspendiera, el pasado 6 de mayo, la licencia de explotación de oro y plata de la mina ubicada en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, porque no se realizaron las consultas comunitarias correspondientes, el presidente del CACIF, José González Campo, dijo a la prensa: “Guatemala necesita empleo, necesita inversión y estas resoluciones afectan”.

El presidente del CACIF tiene razón, el país necesita empleo y necesita inversión, pero aquí la minería, en términos financieros no es inversión para las comunidades ni para el país. La minería solo ha enriquecido a las empresas que se benefician del Artículo 63 de la Ley de Minería que literalmente les regala nuestros recursos al obligarlas a dejar un miserable uno por ciento. Por el contrario, la minería ha traído pobreza, contaminación de mantos acuíferos, enfermedades y profunda división social.

En Guatemala el negocio de la minería está en la millonaria corrupción que fomenta dentro y fuera del Estado para que se aprueben licencias de reconocimiento, exploración y explotación. El MP y la CICIG deben investigar las estructuras paralelas que existen en el Estado para aprobar las licencias en territorios indígenas y que hoy se han convertido en más de mil conflictos. Ante esta realidad: ¿Qué tipo de Estado es este que legisla para regalar nuestros recursos mientras poblaciones indígenas, ladinas y mestizas agonizan en miseria? ¿Sin salud, sin educación y ahora sin tierra mientras un puñado de hombres blancos aglutinados en el CACIF y dueños de empresas extranjeras se bañan en oro y plata?

La resistencia de La Puya y de las comunidades frente a las violaciones del capitalismo es la lucha por un Estado de Derecho para todos y no solo para las corporaciones. La minería y la toma de los bienes sin consulta es saqueo legitimado por el Estado, por eso, urge derogar los marcos jurídicos que nos empobrecen y nos enfrentan. El Estado, el CACIF y las transnacionales deben comprender que las comunidades no les temen y que la resistencia será con la propia vida porque es la sobrevivencia humana la que está en juego.

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