Miércoles 26 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Acerca del Directorio de la SAT

Creada en 1998 la SAT como una entidad descentralizada y autónoma.

— Erick Coyoy*
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La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la SAT presentada recientemente a la Comisión de Finanzas del Congreso, incluye cambios de fondo a su Directorio, no solo en su conformación sino también en sus atribuciones. Este órgano estaría integrado por los ministros de Finanzas Públicas y de Economía, y el presidente del Banco de Guatemala. Y sería el encargado de nombrar y remover al superintendente.

La propuesta busca fortalecer la influencia y control del Organismo Ejecutivo sobre la entidad. Quienes defienden la reforma argumentan que es para darle cumplimiento al mandato constitucional relativo a las atribuciones del Presidente de la República y el cumplimiento de sus funciones. Señalan que es atribución presidencial la de administrar la hacienda pública (Artículo 183, inciso q). Complementariamente, el Artículo 193 indica que para el despacho de los negocios del Organismo Ejecutivo, habrá los ministerios que la ley establezca. Así, argumentan que el ministro de Finanzas Públicas debe tener mayor control sobre la SAT.

No obstante, esta es una lectura parcial del texto constitucional, y por lo tanto, conduce a conclusiones parcializadas. La misma Constitución de la República regula en su Artículo 134 lo relativo a la autonomía. Señala que esta facultad se concede cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Precisamente sobre esta base fue creada en 1998 la SAT como una entidad descentralizada y autónoma.

Agrega este artículo constitucional que las entidades autónomas actúan por delegación del Estado, y que deben coordinar su política con la política general del Estado y con la especial del ramo al que correspondan. De tal manera que no debe existir subordinación entre el superintendente y el ministro del Tesoro. De hecho, en los casi 18 años de existencia de la entidad, los momentos más oscuros han sido cuando los ministros de Finanzas han abusado de su autoridad y ejercido mayor presión sobre la SAT. Este es el caso de las administraciones de los tres ex superintendentes ahora en prisión: Marco Tulio Abadío, Carlos Muñoz y Omar Franco.

Al Directorio le corresponde dirigir la política de la Administración Tributaria, y velar por el buen funcionamiento de la SAT y el cumplimiento de las metas de recaudación. Claramente no se ha cumplido este mandato, y menos cuando los ministros de turno han abusado del cargo para impulsar sus particulares agendas. Pero confiarles esta responsabilidad a más funcionarios públicos no parece la mejor opción. Considerando el cuestionable desempeño de las Comisiones de Postulación para seleccionar candidatos a distintos cargos, lo más prudente podría ser la remoción del Directorio y fortalecer la autonomía de la SAT.

Adicionalmente, se le rebajan calidades a la figura del superintendente, quitando el requisito de tener formación en derecho o ciencias económicas, esto quiere decir, que en teoría, un biólogo marino, un licenciado en literatura o un matemático podría ser superintendente, socavando el nivel de sofisticación que requiere la especializada función de administración de impuestos. La propuesta de Ley parece contar con muy buenas intenciones, pero contiene serios retrocesos en materia de institucionalidad, independencia y transparencia.

* De la Fundación Economía para el Desarrollo (FEDES)

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