Lunes 10 DE Agosto DE 2020
Opinión

¿80 millones? ¡Por favor! (El comiso, V parte)

Ni siquiera salimos de una, y ya empezamos con la otra…

Fecha de publicación: 10-05-16
Por: Acisclo Valladares Molina

Los objetos del delito –necesariamente– tienen que caer en comiso –una pena accesoria que en el caso concreto de la terminal de contenedores de Puerto Quetzal debe imponerse– en sentencia –sobre todas las inversiones que se hayan realizado para construirla y operarla–, habiendo sido estas inversiones el instrumento culminante del concurso de delitos perpetrado para hacerse de su jugosa explotación a costa de la defraudación del patrimonio del Estado, ninguneado el bien público sobre el cual se encuentra asentada. 

La defraudación patrimonial del Estado de Guatemala fue el fin último de los empresarios, al parecer españoles, que se hicieron de la propiedad útil del bien público sobre el cual habría de construirse y se construyó la terminal o –mejor dicho– no la defraudación del Estado, su fin último, sino las ganancias multimillonarias a obtener a costa de la defraudación a realizarse.

El fin último del concurso ideal de delitos perpetrado –necesarios todos para lograrlo– no fue “morder” –instrumento– ni defraudar –instrumento– sino hacerse –multiplicado– de cuanto pisto llegara a producirse.

Los delitos que fueron perpetrados corren una suerte absolutamente distinta que aquella de la nulidad o de la validez (formal) del contrato que fuera celebrado para hacer posible la defraudación pretendida, perteneciendo a lo civil la discusión de esa nulidad o validez en tanto que la persecución de los delitos y la imposición de las penas –incluido el comiso– pertenecen –exclusivamente a lo penal.

Independientemente, pues, de la nulidad o validez (forma) del contrato celebrado, deben perseguirse y castigarse los delitos perpetrados –el comiso, ineludible castigo.

En este caso concreto no cabe prejudicialidad alguna en el proceso penal ya que en este –en el proceso penal– no se discute la nulidad o validez del contrato siendo el caso que su nulidad o validez (formal) resulta absolutamente irrelevante para la persecución penal que se realiza –siendo el objeto de estos los delitos perpetrados. 

No estamos en el campo propio de la Procuraduría General de la Nación, institución que tiene a su cargo la defensa de los intereses patrimoniales del Estado (materia civil) sino en el preciso campo del Ministerio Público-CICIG, la persecución del delito y lo que sí le corresponde hacer a la Procuraduría General de la Nación, como asesora y consultora que es de todos los órganos y entidades del Estado es hacerle ver al Ministerio Publico-CICIG (Órgano del Estado) que tal persecución penal y la probanza de los hechos imputados corresponde a su campo, así como obtener, en juicio, la sentencia que corresponda a las imputaciones que sean formuladas y que incluye –necesariamente– la pena de comiso: La pérdida, a favor del Estado, de todos los objetos –incluidas las inversiones– del concurso de delitos perpetrado.

El comiso es un castigo –un acto punitivo que se impone tras el debido proceso y no constituye reparación de daños y perjuicios (tema distinto) lo que debería explicar la Procuraduría General de la Nación al Ministerio Público-CICIG para que estos actúen, así, en consecuencia: Si no se persigue el pisto y se obtiene el comiso de todos los objetos del delito –en el fondo– ni más, ni menos –se le hace el juego al delito.

¿De eso se trata? ¿De limitarlo todo al soborno? Si se sobornó fue para obtener la multiplicación del pisto “invertido” por los “inversionistas”, tanto en los sobornos como en las construcciones realizadas: todas estas “inversiones” para convertirlas en muchísimo más pisto. 

Debe explicar la Procuraduría General de la Nación –asesora y consultora de los órganos del Estado– al órgano del Estado Ministerio Público-CICIG –que la acusación debe también enderezarse en contra de la persona jurídica que, a través del contrato– nulo o válido (formalmente) –mordidas de por medio– se hizo de la propiedad útil del bien público –lo que incluye a todos sus funcionarios y empleados que hayan participado en el concurso de delitos– entidad que debe quedar debidamente emplazada puesto que sobre esta recaerá –si la imputación probada– la pena de comiso.

Se han visto muertos acarrear basura y no sería remoto que –por negligencia o dolo– se obvie el emplazamiento penal de la entidad y se haga imposible, así ¡Qué sutileza! la pena de comiso.

La Procuraduría General de la Nación, obviamente, podría ser –y debe serlo– actora civil en el proceso penal cara a reclamar los daños y perjuicios que se hayan causado al Estado como consecuencia del concurso de delitos perpetrado –la reparación digna– pero esto es algo que nada tiene que ver con el comiso –la pérdida, a favor del Estado, de los sobornos e inversiones: Pérdida, como castigo del delito. (Los Daños y perjuicios provenientes del delito los puede pelear la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso penal o en juicio civil independiente, daños y perjuicios estos, los provenientes del delito, que son distintos a los que pueda generar la nulidad del contrato.

Continuará…

El proceso penal resulta crucial en este tema puesto que nada tienen que ver los delitos con posibles cláusulas arbitrales que hubieran podido pactarse –arbitraje internacional– ya que el orden público –lo penal– no puede ser objeto de arbitraje –indelegable la potestad punitiva del Estado– potestad punitiva que no se podría objetar en ningún país del mundo.

Es de señalar que el consorcio –al parecer danés– parte de Maesk –gigante en el mundo de las inversiones y afamado por su sujeción a la transparencia y no corrupción– sujeto (así lo proclama) a los más altos estándares internacionales en la materia –al parecer tercero de buena fe, sin participación en los delitos y sin inteligencia delictiva con quienes a este le vendieron– si verdaderamente de buena fe –podría ser otra víctima –al igual que nosotros– de los delitos perpetrados: Víctima que perderá (en comiso) el objeto de su inversión y, en consecuencia –a pesar del comiso, pena inobjetable– podría ser posible aliado del Estado para la persecución de los delitos –actor civil el consorcio– en la búsqueda de recuperar lo que le haya pagado a los empresarios delincuentes. 

Su situación no es fácil como no lo es tampoco para los bancos –bastante menos para estos– por cuanto que obligados estaban a hurgar someramente en el negocio a través del necesario ‘“due diligence”’ –inadmisible su omisión en estas ligas. ¿Dolo en los bancos o tan solo negligencia?

¿8O millones de honorarios? ¡Por favor! Al Ministerio Público-CICIG les basta y sobra lo que tienen para poder lograr sin cortapisas una persecución penal exitosa –incluida la imposición de la pena de comiso y no precisan– adicionalmente –ni de un centavo.

La Procuraduría General de la Nación, pese a las cascaritas de huevo en que se la tiene (se trata de algo intencional –intencional– para que no funcione) puede llevar la reclamación civil dentro del proceso penal o independientemente, así como un juicio civil de nulidad (local) sin necesidad de exceso alguno, amén de que la cuota litis que se ha permitido sugerir atenta contra la ley que rige la profesión del abogado en Guatemala. 

La temática internacional resulta otro cantar en este asunto y debe encontrarse preparado el Estado para atacar y defenderse en este ámbito, ámbito en el que sí puede caber la cuota litis e –incluso– donde puede resultar ideal para minimizar los costos. El ataque “internacional” es previsible puesto que en todas partes se cuecen habas y no todos los países –de hecho solo Guatemala ha tenido el valor de establecerla– tienen una Comisión ONU en contra de la impunidad, por lo que los empresarios mafiosos (grande, me imagino, su poder) harán cuanto puedan para desdibujar el carácter penal de las acciones a las que en Guatemala se han hecho acreedores por sus delitos perpetrados, así como el carácter de pena –castigo– que tiene el comiso, ámbito distinto del civil.

Q80 millones es una cantidad que supera el presupuesto anual de la Procuraduría General de la Nación y que cuya sola mención como posibles honorarios resulta indecente.

¿No hemos salido de una o para caer en otra? ¿El “negocio” de los Q80 millones se encontrará ya en marcha?

¿Además de cornudos, apaleados? 

Ya vieron nuestros ojos cómo pagó el Estado Q1 millón por una escritura pública de Compraventa que –a costo cero– debió autorizar el Escribano de Cámara y Gobierno y cómo se pagaron honorarios de más de Q2 millones por aconsejar cómo llevar un juicio (Administración del presidente Berger) asesoría y consultoría que, a costo cero –debió prestar la Procuraduría General de la Nación…

¡Chinche! ¿Quién dijo, ahora, Q80 millones?

Los linchamientos mediáticos no llevan a nada positivo y las calenturas mediáticas, además, resultan sospechosas: ¿Tácticas distractoras para hablar mucho –especialmente babosadas– y no llegar al comiso? 

Si se quiere pagar por la orientación dada en estos artículos y si se quiere gastar de buena de buena fe –a cómo de lugar– Q80 millones –sean estos dados a entidades benéficas o usados para educación y hospitales. Amén.

PD: Como alternativa –úsense como una adición al más que raquítico presupuesto ordinario de la Procuraduría General de la Nación, que buena falta le hace y que esta institución– clave que es para el buen funcionamiento del Estado –si eficiente– puede devolver con creces.

El problema –parafraseando al ex presidente Clinton de los Estados Unidos de América– no es el solo el soborno, ‘stupid’, sino la defraudación. (Continuará)