Jueves 21 DE Febrero DE 2019
Opinión

Garantía de independencia judicial

Magistrados y jueces están sujetos a la carrera judicial.

 

— MARIO FUENTES DESTARAC
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.

De suerte que los guatemaltecos tenemos el derecho humano de acceder a o ser juzgados por tribunales competentes, independientes e imparciales. Un tribunal es competente cuando, además de tener potestad de juzgar, tiene la facultad de conocer un determinado caso concreto. Asimismo, un tribunal es independiente cuando, además de ser ilustrado y especializado, no está subordinado a poder político o económico alguno, y es imparcial cuando no tiene inclinación o preferencia en favor o en contra de alguna de las partes litigantes.

Una justicia independiente e imparcial solamente es factible si los tribunales cuentan con autoridad suficiente y eficaz, y los juzgadores (magistrados y jueces) son designados por mérito y no por conveniencia o necesidad. Por tanto, la designación de los juzgadores debe obedecer exclusivamente a merecimientos (capacidad, especialización idoneidad, honradez e idoneidad), que solamente pueden establecerse en un contexto de evaluaciones objetivas, transparentes e inequívocas, que la Constitución instituye como la selección por oposición.

La carrera judicial, establecida por la Constitución, garantiza que los ingresos, ascensos y promociones de magistrados y jueces se lleven a cabo con base en merecimientos (selección por oposición) y no bajo criterios subjetivos, arbitrarios o antojadizos; y, por ende, la carrera judicial es un factor clave en materia de protección y defensa del derecho humano a la independencia judicial.

Por consiguiente, el consejo de la carrera judicial, las comisiones de postulación de candidatos a magistrados y el Congreso, órgano al que le corresponde elegir magistrados, no pueden omitir la carrera judicial ni tampoco la selección por oposición, bajo pena de nulidad de las respectivas designaciones.

Por tanto, no comparto el criterio sentado por la Sexta Magistratura de la Corte de Constitucionalidad (2011-6), con motivo del último proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, en el sentido que solo los jueces de primera instancia y los jueces de paz están vinculados a la carrera judicial, toda vez que la Constitución dispone, en términos generales, que “se establece la carrera judicial”; y, asimismo, que “los ingresos, promociones y ascensos se harán mediante oposición”. Esto supone que tanto los magistrados como los jueces están sujetos a la carrera judicial, por iniciación o por incorporación, independientemente del órgano que los designe o nombre. De ahí que la Constitución exija escalafones previos para poder optar a las magistraturas. De suerte que para hacer valer la carrera judicial lo procedente es aplicar la Constitución y no reformarla.

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