Miércoles 26 DE Junio DE 2019
Opinión

El comiso (Parte II)

A través del soborno, se llegó al contrato y a su luz, a las inversiones realizadas.

Fecha de publicación: 04-05-16
Por: Acisclo Valladares Molina

Veo las expresiones de buena voluntad por parte de personas desconocedoras del Derecho (es el grito de Antígona) y necesariamente las comprendo y, es más, me hago copartícipe de las mismas pero no puedo tener tolerancia alguna frente a los destemplados quejidos de la autoridad, obligada a ser algo más –el necesario Creon– y tomar decisiones con el necesario –y suficiente– conocimiento de causa.

Nadie habla del comiso –y está bien que no lo conozcan los legos pero, ¿las autoridades? Grave situación esta –ignorancia o dolo– puesto que el comiso –en este caso– constituye la posible clave del entuerto.

El comiso es una pena accesoria con la que se castiga el acto criminal –en el presente caso–, el surgimiento de un contrato y a su amparo, de inversiones, como consecuencia de sobornos (cohecho) –acto criminal tanto en aquel que recibe como en aquel que da– y consiste en la pérdida de los objetos que provengan del delito, pérdida que se produce en favor del Estado y no de la víctima (esto es así porque el comiso, reitero, se trata de una pena y no de una indemnización de daños y perjuicios).

El comiso –pena– se produce como una conclusión del proceso penal y este –el proceso penal– se trata de un tema de orden público –la persecución y castigo del delito– que nada tiene que ver con una cláusula arbitral, siendo lo penal indelegable a un arbitraje.

En el caso de Puerto Queltzal –si sobornos de por medio– lo invertido constituye un objeto de los delitos perpetrados y, en consecuencia, todo se puede (y se debe) perder en sentencia –tal la pena de comiso– en favor del Estado.

Abunda la ignorancia y me veo obligado a señalar el camino correcto –el camino que no se encuentra o que no quiere encontrarase–, haciendo la necesaria prevención de que para que el comiso pueda operar, –no se trata de soplar y hacer botellas sino que tiene que llegarse a una sentencia condenatoria– probado el soborno que haya sido dado por los inversionistas sin que basten las imputaciones y el “litigio” mediático: Ámbito –el penal– que corresponde a la CICIG y al Ministerio Público.

Si sobornaron para hacerse del contrato y al amparo de este hicieron inversiones: Con todas y cada una de las garantías del debido proceso, sean penados por la ley: ¿las penas? Prisión y comiso. 

Quienes obstaculizan la posibilidad de una Procuraduría General de la Nación fuerte y eficiente, representante del Estado y asesora y consultora de todos los órganos que lo integran (CICIG-MP incluidos) serán responsables de que no se alcancen los objetivos, lo que puede hacerse con la ley en la mano –más allá de las quejas. Los períodos constitucionales, que conste, salvo justa causa –se hace imperativa la digresión– deben respetarse. ¡Se hace preciso fortalecer el Estado!

Sirva esta auditoría jurídica externa –esta vez simplemente periodística– para brindar luz en este tema, tal y como, en el ejercicio de la profesión a solicitud del Arzobispado de Guatemala me permití rendirla en el caso del padre Orantes –manipulada como estaba la información y en el de la Mina Marlin–, concesionada sin cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley: la ineludible consulta de los pueblos indígenas.

En presencia del Cardenal Quezada y de casi todos los miembros de la Conferencia Episcopal de Guatemala brindé con Monseñor Álvaro Ramazzini “Por la minería, sí en ley” e invitado a almorzar por este en su sede episcopal, cuando Obispo de San Marcos –pude compartirle la auditoría practicada a requerimiento privado ya no por mí, pero por discípulos de mi bufete, sobre una hibroeléctrica que sí cumplía con todos los requisitos y el consecuente esfuerzo por la paz social y el beneficio colectivo en su proyecto.

Cuando doy la mano, la doy –tal mi sentido de la amistad– y en torno a lo jurídico, si de la aplicación de la ley se trata, me atengo estrictamente al silogismo (si el caso concreto encaja en la norma, se aplica): La ley es la ley, guste o no guste, plazca o no plazca.

En el caso concreto de Puerto Quetzal –y así concluyo–: búsquese el comiso, la persecución y castigo donde duele: en el pisto y lléguese hasta donde tenga que llegarse, potentados extranjeros y entidades, incluso bancarias, que, sabiendo de los delitos perpetrados –o debiéndolo saber– coadyuvaron a los mismos.

A través del soborno, se llegó al contrato y a su luz, a las inversiones realizadas y al final –del plato a la boca, se cae la sopa–, se hubiera llegado a jugosos dividendos: todo esto, como efecto del delito: Su objeto final.

¿Conclusión de esta auditoría jurídica –esta vez– de carácter periodístico? Tómese el camino correcto y se obtendrán resultados. Más allá de la nulidad estamos ante un delito y su sanción –el comiso– precisamente donde duele, el pisto.

Por la pena comiso se pierden –a favor del Estado– los instrumentos y los objetos del delito. Amén.