Lunes 24 DE Junio DE 2019
Opinión

Es la ocasión de una reforma bien hecha

Se combinan positivamente los factores.

 

Fecha de publicación: 02-05-16
Por: Édgar Gutiérrez

Las reformas jurídicas son básicamente acuerdos o imposiciones políticas. Rara vez, como ahora, hay una estructura de poder formal con voluntad más o menos comprometida a apoyar los cambios constitucionales en el campo de la justicia. Las cabezas de los tres organismos fundamentales del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) comparecieron en los actos ceremoniales que anuncian el arranque del proceso, y tan relevante como esto es la integración de un “equipo técnico” con las instituciones más creíbles, la CICIG, el MP y la oficina del PDH.

En el otro polo los poderes fácticos sufren un acoso sin precedentes, justamente por la acción penal del MP y la CICIG, y su tradicional y desproporcionada capacidad de incidencia y de veto está relativamente erosionado. Las fuerzas del Congreso, en el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, donde también anidan algunos intereses sectoriales, ilegítimos y hasta mafiosos, siguen bajo acecho: el jueves pasado ocho diputados del oficial FCN-Nación perdieron derecho de antejuicio por un escandaloso acto de racismo e intento de tráfico de influencias, y lo mismo le ocurrió a un magistrado bajo sospecha por el caso TCQ, que ha vuelto a agitar las aguas políticas y empresariales.

Por esa combinación de factores, además del respaldo internacional, puede preverse la viabilidad de las reformas, tanto en el ámbito del debate social y político, como en la consulta popular para la reforma de la Constitución.

Considerando ese escenario excepcional sería insensato no proceder de la manera más profesional posible, pensando en una reforma sostenible, capaz de apalancar el sistema general, haciendo de la justicia el baluarte de independencia, universalidad y solidaridad que conducen hacia una reforma integral del Estado. Ordinariamente los artículos a reformar o introducir en leyes ordinarias, constitucionales y aun en la propia Constitución Política de la República han respondido a ocurrencias e intereses particulares (como ocurrió en febrero de 1994, incluso en la fallida consulta de mayo 1999) o bien a hipótesis que devienen de referencias de otros países.

Esta vez está muy claro que se trata de modificar el sistema, no de asuntos aislados ni personales, y que se debe guardar la máxima congruencia interna y legitimidad externa al campo de la justicia. Por eso, antes que entrar al debate jurídico hay que partir de documentos base –con miradas sociológicas, políticas, antropológicas y económicas– que nos hagan compartir el diagnóstico y las implicaciones de los cambios, pues solo yendo a la discusión de la propuesta, tal como está ahora, se parte de descalificaciones poco estimulantes, mientras se premia a organismos sin base empírica. Es el caso de la integración sugerida para el nuevo modelo de Corte de Constitucionalidad. Antes de proponer una CC que se reparte entre tres poderes del Estado por muchos años, me preguntaría ¿es necesaria una Corte de Constitucionalidad o es suficiente con una Sala de lo Constitucional derivada de la CSJ?