Viernes 21 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Se renueva otra exigencia social: justicia

Demandar se juzgue a 11 militares inculpados por delitos graves, requiere más voces.

— Rosalinda Hernández Alarcón
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Familiares de personas detenidas desaparecidas en la zona de Alta y Baja Verapaz esperan avanzar en ese camino largo que se propusieron desde hace años para acceder a la justicia. Tienen paciencia, son perseverantes, pero sobre todo consideran justo seguir organizados para derribar la impunidad que durante más de tres décadas han gozado comandantes y oficiales responsables de cientos de muertes en Guatemala.

Ellas y ellos saben que no están solos. Es cierto, hay organizaciones que también exigen justicia, así como abogadas y abogados comprometidos con esta causa, pero el reclamo de juicio y castigo a quienes violaron los derechos humanos de personas no combatientes durante la guerra merece ser compartido por toda la ciudadanía indignada en este país.

En la próxima semana se conocerá si el caso contra 11 militares va a juicio, una vez lo resuelva la jueza Claudette Domínguez. Hay dos cuestiones relevantes a tener en cuenta: uno se trata del mayor caso de desapariciones forzadas descubierto en América Latina y dos, entre los acusados figura Benedicto Lucas, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, y Luis Gordillo, un golpista de Estado, quien junto con Efraín Ríos Montt, derrocaron al gobierno de Romeo Lucas, hermano del inculpado.

En varias audiencias se ha venido demostrando que nunca existió un cementerio en la Zona Militar 21, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, donde hasta el momento se han localizado 583 osamentas. Esa instalación funcionó durante la guerra como un centro de detención y ejecución de personas no combatientes. Las 84 fosas excavadas sin duda demuestran tales crímenes de lesa humanidad, y eso significa que su persecución y castigo son obligatorios.

Miles de sobrevivientes de la política contrainsurgente aplicada por el Ejército en los años ochenta tienen su mente clara, saben que buscar justicia es un camino largo que merece ser andado, porque la impunidad y el olvido son ajenos a sus anhelos de libertad y paz.

La Marcha por el Agua motivó a más personas a reflexionar sobre la problemática que tiene Guatemala sobre sus recursos hídricos, es decir, la caminata de 12 días en la que participaron mujeres y hombres indígenas y mestizos realmente sumó fuerzas en su trayecto. De ahí que su carácter simbólico sea rescatable y sirva de ejemplo para otras luchas nacionales que involucren a la ciudadanía del campo y la ciudad.

El juicio contra militares violadores del derecho a la vida es una demanda sentida principalmente en áreas donde se sufrió la represión castrense, pero esta merece ser acogida también por personas de áreas urbanas, principalmente de la ciudad capital donde se sigue el proceso judicial mencionado.

Si ha sido posible multiplicar voces defensoras del agua como bien común, ahora cabe también hacer lo mismo al demandar justicia, lo que sin duda contribuye a entablar nuevas relaciones entre personas, distintas en múltiples aspectos, pero unidas en senderos que busquen acabar con las injusticias sociales.

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