Miércoles 22 DE Mayo DE 2019
Opinión

Traición y soberanía

El pueblo demanda los mejores para que defiendan bien su soberanía y derechos.

Fecha de publicación: 29-04-16
— Fernando González Davison

1. La impecable acusación contra la expareja presidencial del MP-CICIG del miércoles quedará registrada en la historia como la gran traición delictuosa cometida contra la patria, al usurpar la soberanía en propio beneficio. Una vergüenza nacional. La soberanía es algo más que el poder sobre un territorio y población frente al exterior, pues refiere al poder del pueblo al que deben responder las instituciones. Delega su soberanía para que hagan el bien y nunca para cometer actos oscuros en los tres poderes del Estado. De ahí que la CICIG y el MP están devolviendo la soberanía al pueblo, pues fue capturada en su momento por grupos civiles y de uniforme cercanos a Portillo-Reyes, Colom-Torres-Espada, Pérez-Baldetti y junto a varios empresarios y narcos. Por ello, debería ampliarse el delito de traición a las altas autoridades que cometen ese tipo de delitos por traicionar la lealtad a la patria, como sucedió a los integrantes del gabinete de Pérez-Baldetti, por su complicidad con ambos en el affaire de la Terminal de Contenedores Quetzal.

2. Celebro que camine la refundación de nuestro Estado bajo la guía de la CICIG y MP, con un diálogo plural. El pueblo soberano lo legitima y espera que cuando culmine con un consenso, el Congreso acate los cambios constitucionales dados, sin alterar una coma, para no deslegitimarse.

3. También el soberano reclama que Congreso atienda los clamores de la marcha por el agua, que culminó en la capital el Día de la Tierra, ante la acelerada destrucción del ambiente natural, reflejo del oscuro ambiente de la política partidaria. Y, como exige el pueblo, apruebe la Ley de Aguas sin enmiendas; y las comunidades tengan mayor injerencia soberana en torno a las hidroeléctricas y mineras extranjeras, porque la intolerancia de las empresas genera violencia e injusticia. Ellas deben entender que los tiempos de exclusión han terminado. Y se regule a los grandes productores de caña de azúcar y palma africana para no afectar más el medioambiente.

4. El Ejecutivo puede iniciar una cruzada nacional por un ambiente limpio junto a la sociedad civil, ante la demanda ciudadana para que Guatemala deje de ser un basural no solo político. Los tres poderes son instrumentos del pueblo y les reclama que le sean leales y a la patria, sin cejar en la lucha contra la impunidad. Allí el nuevo ideario nacional que alienta a salir de los funcionarios nombrados por Pérez-Baldetti, que siguen en sus cargos respondiendo a intereses oscuros.

5. Otra forma de fomentar la soberanía popular es cambiar la colapsada política sobre Belice. El canciller Eduardo Stein a fines de 1999 planteó a Belice llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de manera clara. Pero luego vino el zigzag con la OEA por parte de Orellana, que dejó su cargo de canciller en 2002 por el voto de desconfianza del Congreso. El canciller Rodas suscribió en 2008 un Acuerdo Especial con Belice para llevar a consulta popular o no el diferendo territorial a la CIJ. Entre sus errores, uno fue no percibir que Belice ya tenía su política negativa y elevó al 60 por ciento el porcentaje de votos para aceptarla. Eso llevó a anular la consulta sine die. Falló nuestro enfermo embajador en Belmopán y el encargado del tema Belice, que era el viceministro Morales desde 2009 que, sin ser abogado, pasó a canciller desde 2014, nombrado por Pérez-Baldetti. ¿Puede defender bien a Guatemala en esa contienda jurídica? Es más, no hay abogados ahora en la dirección superior de nuestra cancillería (ministro y vices). El pueblo demanda los mejores para que defiendan bien su soberanía y derechos. Descarta una cancillería de paseos al exterior como parece va a continuar. Ambos pueblos quieren paz, desarrollo, diálogo, justicia y verdad en la diplomacia, donde se involucren las sociedades civiles, periodistas, congresistas, ministros de ambos países, y, en consenso, promuevan el desarrollo y vías para resolver el diferendo territorial acá o en la CIJ, mientras Guatemala exige a la OEA cumpla con investigar y se juzgue al beliceño que asesinó al niño en la frontera.