Martes 16 DE Julio DE 2019
Opinión

Justicia agraria… la gran ausente

A propósito de la Reforma al sector justicia.

Fecha de publicación: 28-04-16
Por: Helmer Velásquez

Entre el entusiasmo generado, por la sola idea de reformar las instituciones judiciales y seguir horadando el muro de la impunidad, en este querido país, y pese al reconocimiento expreso que se pretende de la jurisdicción de los pueblos indígenas. Con acotaciones. Claro está; quiero señalar lo que a mi juicio es una omisión, que la sociedad guatemalteca no se puede permitir: No incluir la creación de la jurisdicción agraria y el mandato de emitir los Códigos Sustantivo y procesal Agrario. Los argumentos del porqué no podemos permitirnos dejar pasar la oportunidad saltan a la vista, sin embargo, para los escépticos solamente mencionaré el más visible: detener el oprobio que significa el despojo de la tierra indígena/campesina y restaurar aquellos casos en donde la ignominia ya se consumó. Es un asunto de justicia.

El estado de indefensión de los pueblos indígenas y campesinos frente a, terratenientes, corporaciones y sus “honorables” bufetes de Abogados, es una clara violación a la Constitución Política de la República y al sinnúmero de tratados que en materia de derechos humanos, económicos, culturales y sociales ha suscrito este país. Se trata de una vieja estratagema oligárquica, para legalizar el despojo y asegurar impunidad. Una intencionalidad manifiesta de usurpación de derechos ancestrales y de posesión, a la cual –hasta ahora– el Estado se ha prestado. Y no estamos frente a una ocurrencia del autor de la nota. Estamos frente a un asunto de Estado cuya magnitud es tal que las partes firmantes de los Acuerdos de Paz, acordaron hace veinte años, la creación de aquella institucionalidad, contenida en el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, y que sin embargo, por el veto del grupo de los ocho y adláteres. Diputados y jueces, se resisten a cumplir.

El llamado es que en estos aires de ampliación democrática que vive nuestra sociedad y en aras de la conciliación nacional, la reforma de la institucionalidad judicial debe incluir una moderna Jurisdicción Agraria, que rompa las ataduras feudales del agro guatemalteco. Somos de los países más atrasados en administración de justicia y en el resguardo de los derechos de la ciudadanía. Para el caso, de los hombres y mujeres del campo que sostienen la economía: sea produciendo los alimentos básicos para el setenta por ciento de la población, como migrantes que envían puntualmente su remesa o como asalariados agrícolas. No dejemos pasar la oportunidad para dotarnos de instrumentos de justicia agraria. Salgamos ¡Por fin¡ al paso de la ignominia.