Sábado 20 DE Abril DE 2019
Opinión

Reforma judicial y crisis del régimen político

La apuesta es que el régimen produzca depuraciones permanentes.

— Manfredo Marroquín

La propuesta de reformar los contenidos constitucionales relativos al sistema de justicia es con seguridad, la última apuesta por rescatar el régimen político vigente desde 1985 con la entrada en vigor de la carta magna. Los sucesivos fracasos de cada administración de gobierno que llegaron a su clímax el año pasado con la salida del presidente Pérez antes de concluir el mandato, dibujan un claro diagnóstico de un régimen en crisis. En teoría los sistemas políticos están diseñados para autorreformarse cuando enfrentan crisis, pero en nuestro caso ni las más severas crisis de gobierno dieron paso a reformas sustantivas que permitieran darle oxígeno al sistema y mantenerlo con la suficiente salud en términos de legitimidad y representatividad.

Ante la cerrazón de producir sus propias reformas de sobrevivencia, los Organismos Legislativo y Ejecutivo ahora dependen de que la reforma al Organismo Judicial, posible por el impulso de CICIG pero formalmente lanzada por los tres poderes del Estado, logre plasmarse y producir resultados en el corto plazo. Un Estado al igual que un cuerpo humano, puede sobrevivir con el funcionamiento de solo alguno de sus Organismos vitales, como sucede cuando solo se cuenta con un riñón o pulmón, pero es imposible mantenerlo vivo cuando todos son inoperantes. El solo funcionamiento de un sistema judicial independiente que responda a los impulsos que hoy están produciendo la CICIG y el MP, podría dotar los nutrientes necesarios para combatir el virus de la impunidad y con ello detener el acelerado proceso degenerativo que está haciendo colapsar al sistema político y al régimen institucional que depende de él.

Son varios los casos en la historia reciente de América Latina, donde regímenes políticos en estado de coma, han logrado salir del intensivo con una buena dosis de impartición de justicia que castigue los abusos de poder tanto públicos como privados, provocados por agentes que solían ser inmunes a los actos de justicia y cuyos desmanes redujeron al mínimo las defensas inmunológicas de los jóvenes sistemas democráticos de la región. Hay que recordar acá que, de acuerdo con la última entrega del índice de desarrollo democrático, Guatemala es el país con el cuadro más crítico en las cuatro dimensiones que se examinan, con un diagnóstico de pronóstico reservado.

Sabemos de antemano que en los mismos tres poderes del Estado que ayer lanzaron pública y formalmente la iniciativa, se encuentran las más duras resistencias al cambio. De hecho, la propuesta en mención ha sido confeccionada desde CICIG con aportes de organizaciones de la sociedad civil. La misma iniciativa estuvo lista para su lanzamiento público desde hace más de un año, pero fue el mismo gobierno de turno de Pérez Molina el que le puso freno ganando tiempo a su intención fallida de no renovar el mandato de CICIG.

Los contenidos de la reforma propuesta buscan liberar a los tribunales de la captura que han sido objeto por parte de políticos y otros grupos de poder que hicieron del proceso de selección y designación de magistrados una verdadera feria de tráfico de influencias. De estos procesos viciados salieron jueces y magistrados que rendían cuentas únicamente a sus promotores y patrocinadores, dejando a los ciudadanos y a los buenos operadores de justicia que los hay, en una posición de marginados y perdedores.

El sistema político ha sido muy audaz en darle largas a los escasos intentos por reformarlo desde lo estrictamente político, es decir desde el poder Legislativo y el poder Ejecutivo. Pero hoy el cambio se intenta desde el ámbito aparentemente menos político que es el poder Judicial dada la coyuntura que han abierto los procesos de investigación criminal desarrollados por CICIG y MP. La apuesta es que el régimen produzca depuraciones permanentes por la vía judicial de los denominados CIACS y de los funcionarios de alto nivel que son sus enlaces.

En la medida que el Estado y sus instituciones estén menos sometidas a los dictados de estos poderes fácticos y criminales, la apuesta es que empiecen a responder a su verdadera razón de ser y de esa forma el país y la sociedad recobren el sentido de normalidad y civilización que en los actuales momentos están perdidos.

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