Miércoles 21 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Reforma de la SAT

Obviamente, el Directorio de la SAT debe ser la máxima autoridad.

— Óscar Alvarez Marroquín
Más noticias que te pueden interesar

La estructura organizativa de la SAT contenida en la reciente iniciativa ha suscitado la crítica de editoriales periodísticos serios y de profesionales de prestigio. La mayor parte de esas críticas señalan el riesgo de politización de la institución que resulta de esa propuesta. Creo que para apreciar ese riesgo es útil analizar la función básica de la SAT en el contexto global de los procesos de las finanzas públicas que culminan en el presupuesto de ingresos y gastos del Gobierno.

Presupuesto de Gastos. Este define cuáles proyectos se van a ejecutar, cuáles programas se van a realizar para atender las necesidades de la población en las áreas de salud, educación, seguridad pública, alimentación, etcétera, cuánto se va a gastar durante el presente año en cada uno de esos proyectos y programas y cuánto, para tales propósitos, se va a pagar en sueldos, equipamiento, suministros y equipo. Presupuesto de Ingresos. Aquí se define quién y cómo se va a pagar la factura. Como es lógico, el gasto público se paga básicamente con los impuestos que pagan los contribuyentes en el presente ejercicio fiscal, o en los siguientes períodos cuando se hace uso de ahorro externo mediante préstamos del exterior, o del ahorro interno cuando se colocan bonos en el sistema financiero local.

El presupuesto de gastos resulta de la visión desarrollista que se supone debe tener el Gobierno o de la mezcla de necesidades de corto plazo que enfrenta el Gobierno de turno, del forcejeo de los grupos de presión interesados en los distintos proyectos y programas, del poder de los lobistas, operadores políticos, parientes de los gobernantes y, por supuesto, de los compromisos de campaña. Finalmente, el Ejecutivo propone al Congreso un proyecto de presupuesto y teóricamente, en su aprobación se reflejaría la ideología de los distintos partidos políticos, si la tuvieran, o se refleja el resultado del lobismo, compromisos de campaña, así como las negociaciones entre los padres de la patria, creación de plazas en los ministerios, en las Gobernaciones, los listados geográficos de proyectos, etcétera.

El presupuesto de ingresos básicamente recoge las políticas arancelarias y en general, tributarias, del Estado. Las arancelarias por supuesto reflejan los compromisos derivados de la integración económica centroamericana y los diversos convenios de libre comercio suscritos con otros países. El conjunto de impuestos que paga la población, o sea la estructura tributaria pone de relieve básicamente la filosofía social del Estado guatemalteco. Refleja cuánto de la carga tributaria debe recaer en cada uno de los estratos sociales. Por supuesto que esta estructura también refleja el grado de solidaridad existente en la sociedad y el peso político de los grupos privados, y la efectividad de los correspondientes lobistas.

Como puede observarse, tanto la formulación como la aprobación de los presupuestos de gastos y de ingresos son procesos eminentemente políticos, en los cuales los actores principales son el Presidente del Ejecutivo, los ministros de Estado, los diputados, los partidos políticos y los grupos de presión. Esto es así en Guatemala, en Estados Unidos, en el Congo y en cualquier otro país y en mayor o menor medida, campea la corrupción.

En la labor meramente técnica y administrativa que debe realizar la SAT ninguno de estos personajes tiene ni debe tener ningún papel y no es conveniente que la máxima autoridad administrativa, esté en manos de funcionarios cuyo nombramiento y permanencia en el puesto obedezca a lineamientos políticos que pueden ser cambiantes, sesgados, etcétera, y que además normalmente restarán en la cúpula de la institución sin que para su nombramiento se haya tomado en cuenta su conocimiento tributario ni su experiencia administrativa en cualquier otra área. El único funcionario cuya presencia dentro del Directorio de la SAT es importante es el Ministro de Finanzas Públicas, por la coordinación que necesita existir entre la recaudación tributaria y el gasto público, especialmente de los desembolsos, pero en todo caso, como un “primus inter pares”, como se acostumbra en otras entidades autónomas.

Los puntos de vista expresados no deben interpretarse en el sentido de que la estructura anterior era óptima, como lo delatan las grabaciones en las que el Presidente del Ejecutivo le instruye al Jefe de Recursos Humanos de la SAT para que reclute para algún puesto a determinada persona y el hecho de que la cúpula jerárquica carecía de poder decisorio. Obviamente, el Directorio de la SAT debe ser la máxima autoridad tanto en el manejo de los recursos económicos y humanos como en las políticas administrativas y es deseable que esté integrado por profesionales conocedores del área fiscal y mejor si tienen experiencia administrativa.

Etiquetas: