Domingo 24 DE Marzo DE 2019
Opinión

Pérez Molina asusta

Se nota que aprovecha a la prensa, para soltar globitos que, de alguna manera, a sus abogados les interesa. 

— Silvia Tejeda
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El miércoles que escuché las declaraciones de Otto Pérez Molina defendiendo la permanencia de la TCQ en Guatemala y advirtiendo, además, que si se anula el contrato, se deberían anular 22 que se realizaron, anteriormente, bajo el mismo esquema que los legaliza, con empresas guatemaltecas, me asusté de su cinismo. Era la misma actuación de cómo cuando defendía la presencia de una empresa argentina para entregarle el manejo de la SAT.

Se nota que aprovecha a la prensa, para soltar globitos que, de alguna manera, a sus abogados les interesa, conocer cuáles serán las reacciones a sus comentarios de los medios de comunicación, de quienes lo juzgarán y de quienes los están acusando, para encaminar alguna estrategia en su defensa.

Ese descaro, esa fluidez para argumentar, sigue siendo tan falso, como cuando asumía posturas de ser un gobernante honesto y correcto. Como cuando nos engañaba y lo que realmente estaba mintiendo y volviendo a mentir para salvaguardar la finalidad de su desmedida ambición de enriquecimiento y las de su séquito de mafias encubridoras.

Su advertencia, tan condicionante, al afirmar que, si el Estado de Guatemala retoma el camino de la legalidad y declara nulo el lesivo contrato, con TCQ “significaría la quiebra económica del país”, connota una velada amenaza, que crearía una situación caótica, a los funcionarios, y a sus incondicionales que permanecen incrustados en cualquiera de los organismos de Estado, con el fin para que se llenen de incertidumbre, y coadyuven con sus tímidas y ambivalentes declaraciones para que, por ahora, “todavía no se toque el asentamiento de TCQ”. Lo mismo, sus declaraciones estimularán las explicaciones de las 22 empresas anteriormente favorecidas con usufructos onerosos, para que no permitan “tan osada decisión de parte del Estado”. No. “No es conveniente en este momento”, se salvaguardarán.

Logrando lo anterior, en un espacio temporal de confusión y duda, se provocaría un pulso entre la aplicación de la ley y de la Constitución, que faculta claramente a la Justicia para declarar la nulidad rotunda del contrato con TCQ; frente a las ambivalentes opiniones de algunos funcionarios y las presiones de algunos empresarios que no querrán renunciar a sus cómodos y encarrilados acuerdos. Dar un espacio, jugar alboroto, justificar y no tocar nada, sería la muestra más cercana y más extensa de que aquí, la corruptela mantiene su poder
inalterado.

No hay duda, si lo afirmado por Juan Carlos Monzón es cierto, solamente preguntémonos ¿Qué inescrupulosa empresa será, la española involucrada, que aceptó dar una coima de US$30 millones, para ser autorizada? Y qué prospecto de rendimiento económico se contemplaría, para sacar más dinero a una de las pocas empresas gubernamentales que, de por sí, era muy rentable. Es inaceptable cómo Pérez Molina y su pareja gubernamental ahora se retractarán después de que confiaron en la capacidad de Monzón, para que hiciera su trabajo allanándoles los caminos.

Asusta a los guatemaltecos el cinismo con que maneja sus argumentos, que al fin, son solo argumentos en los que la justicia del caso creerá o no creerá, pero lo que sí es terrorífico, es el atentado que sufrió, ese mismo día, el señor Carlos Aparicio Pisquiy, el auditor de las empresas de Jonathan Chévez, otro de los implicados en el caso TCQ, a quien se le señala de haber lavado US$12 millones pertenecientes a Pérez Molina y a Roxana Baldetti, recibidos como soborno de la compañía que impulsa la Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal.

Cabe la duda, acerca de que, alguno de los implicados en el caso, por primera vez, ensayó intimidar a otro posible testigo, a balazos, a quien por un milagro bien merecido, no alcanzaron a matar; porque, quizás, por primera vez, se están dando cuenta que con los testimonios de sus excolaboradores, las pruebas de tantas propiedades, cuentas bancarias, aviones y helicópteros, mansiones etcétera. Será difícil convencer al juez, de que “se trata de una persecución política internacional a tan honorables gobernantes y su equipo de saqueadores”.

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