Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Política sin políticos

La concepción de un Estado moderno al servicio de poderes paralelos rivaliza con la necesidad de consolidar las instituciones, fortalecerlas y hacerlas eficaces.

— Amílcar Álvarez
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Es un error de los que tienen un concepto distorsionado de la democracia llevando a la sociedad al abismo, la historia guarda ejemplos que estremecieron a la humanidad en el siglo XX, regresión que no se puede permitir. El desencanto lo generan los seudopolíticos sin formación académica ni valores sociales ni cardinales, impidiendo impulsar una renovación real del sistema. Lo perfecciona la incapacidad, la corrupción endémica y la falta de un proyecto político viable, provocando una crisis cíclica que lleva al colapso antes de lo previsto, agudizada por el choque de intereses de los poderes paralelos que consideran que gobernar es un negocio suculento y al pópulo un simple espectador de circo barato. El linaje que legaron figuras ilustres que gobernaron en el pasado con aptitud y visión para transformar el país, lejos de florecer se esfumó arrinconado en el olvido sin existir una base sólida para construir el porvenir de una sociedad que no conoce la tolerancia. Supeditados a la mediocridad de la dirigencia sin moral política ni legitimidad, es difícil pero no imposible un cambio auténtico y encontrar respuesta eficaz a los males sociales, sin despreciar la realidad.

La concepción de un Estado moderno al servicio de poderes paralelos rivaliza con la necesidad de consolidar las instituciones, fortalecerlas y hacerlas eficaces. No es posible debilitarlas sin afectar a la mayoría negándole el acceso a la justicia y volviendo a los pobres miserables. Sostener el modelo que nos rige significa condenar a la juventud a perder el tiempo, quedarse sin futuro y buscarlo en otra parte engrosando el ejército de migrantes que quieren una vida mejor –prosperar–, encontrando en sociedades más justas el bienestar que el país les niega por falta de oportunidades. De hecho son ciudadanos de segunda clase y nadie parece dispuesto a remediar su desgracia, sin poder esconder la aterradora desigualdad y enfrentar sus consecuencias. Con las claves cambiadas la academia mira con desdén a otro lado, poniendo en evidencia una perversión intelectual inadmisible, esquivando el escrutinio ético de la problemática nacional motivada por adquirir o mantener una posición económica y social, que deja de ser legítima vendiéndole el alma al diablo.

Mientras la ideología pierde influencia por el avance de la tecnología alterando la percepción tradicional de la política, resurge el fundamentalismo de diferente tipo provocando una colisión de valores sociales como la que se da entre la libertad y la seguridad ciudadana, social y económica. Aquí algunos consideran que la libertad de industria y de comercio es absoluta y que el Congreso al promulgar la Ley de Tarjeta de Crédito no la respetó violando la Constitución, además de no someterla a dictamen de la Junta Monetaria y la SIB. El dictamen no es vinculante al estar subordinado a la soberanía de ese Organismo delegada por el pueblo y la Carta Magna carecería de contenido si justificara que el interés de un grupo prevalece sobre el bien común, fin supremo del Estado, condenando al pueblo a vivir de rodillas ante una elite insaciable que obtiene beneficios desmedidos a través de la usura. Al permitir florecer actividades desreguladas afectando el interés social, el Estado y la Justicia demuestran una debilidad que no tienen los países desarrollados al sujetarlas a controles rigurosos, sancionando las prácticas excesivas entre otras, de los servicios financieros protegiendo al consumidor. Al resolver conflictos de libertades y derechos sociales el juzgador no puede contaminar su razonamiento por presiones de nadie y debe rechazarlas con dignidad, consecuente con su formación ética y la justicia social. Útil es recordar al filósofo francés Jean Paul Sartre que dijo: El único absoluto que existe es el pasado porque no se puede cambiar.

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