Lunes 24 DE Septiembre DE 2018
Opinión

¿Quién podrá defendernos de la extorsión?

Guatemala es el tercer país del mundo con la población más joven.              

— Manfredo Marroquín
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Desde que el fenómeno de la extorsión se generalizó en prácticamente todo el territorio nacional, a finales de los años noventa, los casos siguen en aumento convirtiéndose en el delito de mayor impacto social, económico y psicológico. Es también sin duda, la principal sino la más evidente manifestación de Estado fallido que caracteriza a Guatemala, al dejar en plena y abierta vulnerabilidad a un gran porcentaje de la población que ve afectada su vida diaria carente de seguridad jurídica, física y económica.

Las extorsiones también son una de las principales causas que provocan el incesante flujo de migrantes a Estados Unidos, sobre todo de población infante y juvenil que con ayuda de familiares adultos buscan sacarlos del entorno deshumanizado que afecta a la mayoría de barrios populares de la ciudad capital y cabeceras departamentales.

Recuerdo muy bien las primeras investigaciones sociales sobre las maras en los años ochenta, cuando empezaron a proliferar en muchos barrios capitalinos los primeros gérmenes de tales pandillas, en cuyas publicaciones se advertía el ascenso de este fenómeno y sus principales causas, haciendo un llamado al Estado y sus instituciones a tomar medidas preventivas y disuasivas que todavía hoy casi 30 años después siguen sin llegar.

También recuerdo haber estado en Nicaragua los primeros años de este nuevo siglo cuando en un medio escrito de ese país, un miembro de una de las principales pandillas narraba en una entrevista cómo vio frustrado su proyecto de instaurar la primera mara en un populoso barrio de Managua, ante el acoso y la vigilancia que sobre sus actividades mantuvo la misma población que denunciaba a la Policía y la efectiva reacción de esta para impedir el objetivo que buscaba el afanado pandillero. El hecho que en Nicaragua no exista el fenómeno de las maras y la extorsión extendida que ocurren en los países del Triángulo Norte, da cuenta que no se trata de un fenómeno causado exclusivamente por los niveles de marginación y pobreza que son incluso mayores en ese hermano país.

Para que haya estallado la extorsión como lo hizo en Guatemala, tuvieron que ocurrir muchos fenómenos simultáneos, tales como la migración masiva del campo a la ciudad, la ausencia de espacios urbanos para la convivencia pacífica de los vecinos, la corrupción policiaca que en vez de acudir al llamado de auxilio de los vecinos se alió con los pandilleros en busca de nuevos mecanismos de renta ilícita, el abandono de políticas sociales de vivienda por parte del Gobierno, la desconfianza como patrón cultural que impide la organización comunitaria para resolver problemas vecinales, y un largo etcétera, que aumenta año con año.

Los gobiernos se han resignado a publicitar victorias pírricas como la captura de bandas de extorsionistas y creación de fuerzas de tarea policial, pero más tardan los procesos para enjuiciarlos en que surja una nueva que ocupe el lugar de la anterior. Así como desde los años ochenta se ignoró el surgimiento del problema, hoy se sigue ocultando la realidad con la adopción de falsas soluciones que no atienden la complejidad del fenómeno.

Guatemala es el tercer país del mundo con la población más joven, lo cual en un esquema y/o propuesta de desarrollo podría ser visto como una fortaleza pero para que eso suceda debemos garantizar que esa gran cantidad de jóvenes cuenten con un entorno sano que ofrezca opciones de estudio y producción. Por el contrario, seguir con el mismo esquema fallido es garantía del incremento del mercado ilícito a través de la extorsión y otros delitos.

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