Martes 13 DE Noviembre DE 2018
Opinión

La respuesta es que no

No existe ninguna obligación de que renuncie el Alcalde.

— Acisclo Valladares Molina
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Arrancó la presente semana con una auténtica aberración jurídica, la absurda afirmación de que tendría que renunciar el Alcalde de la Ciudad de Guatemala por haber cumplido los 70 años de edad, afirmación que tendría su “sustento” en lo establecido por el Código Municipal en cuanto a que, llegados a esa edad, “pueden” hacerlo y a que los intérpretes interpretan ¡Cuándo no, los intérpretes! que lo establecido debe interpretarse no como una potestad sino como una obligación, es decir, que lo “deben” hacer.

Cualquier persona, aunque no sepa leer y escribir, comprende la diferencia que existe entre “poder” hacer algo y “deber” hacerlo y que no es lo mismo, por ejemplo, que uno “pueda” comerse un tamal, que “deba” comérselo.

Cualquiera lo comprende pero no, así, “los intérpretes”, dispuestos siempre a llevar agua a su molino y que las leyes digan –no lo que dicen– sino lo que quisieran que digan.

Los “intérpretes” ¡Ah, los intérpretes! por encima de las leyes.

Para comprender la existencia de la norma –hoy por demás inútil– se debe conocer la historia: Hubo un momento en que los cargos de alcalde, concejal y síndico eran de cumplimento obligatorio –una auténtica carga– siendo la edad una de las razones aceptables para liberarse de ella.

Aquel que llegara a los 70 años de edad podía –si quería– renunciar y liberarse de la obligación impuesta.

Cierto es que la norma, en la actualidad, resulta inútil puesto que se puede renunciar del cargo sea cual sea la edad que se tenga pero que sea inútil no justifica que se la tergiverse y se ponga en ella palabras que no tiene: La norma no dice que “deba” renunciar el alcalde, sino que “puede”.

Ante la venenosa interrogante formulada –existen preguntas que están cargadas de veneno– ¿Debe renunciar el alcalde? se impone una respuesta tajante y categórica: No, no tiene ninguna obligación de hacerlo.

El alcalde “puede” –tal lo que dice la ley– no que “deba”.

Tan venenosa es la interrogante formulada que se pide al Tribunal Supremo Electoral que ponga mientes en el tema ¡Es el colmo! y que separe al alcalde de su cargo, instando a sus Magistrados al delito: Tomarse atribuciones que no tienen y –además– prevaricando.

No se puede construir un Estado de Derecho con el atropello de las leyes tal y como no cabe, con crímenes, la lucha contra el crimen –el Estado, si así lo hace– al igual que el delincuente, delincuente.

La ley, es la ley y, la ley, debe cumplirse.

No se trata, su aplicación, de oportunidad y conveniencia, categorías políticas, sino del implacable silogismo: Si el caso concreto encaja en la norma, esta se aplica y punto, convenga o no.

Para la formación de la ley caben todas las razones políticas de oportunidad y conveniencia que se quieran pero –una vez promulgada– su aplicación no obedece más que a lo jurídico.

Si se quiere el cambio de las leyes y que los alcaldes “deban” renunciar al cumplir los 70 años y no solo que “puedan” hacerlo, cámbiense las leyes –pero no se tergiversen, poniéndoseles palabras que no tienen.

No se trata mi posición –estrictamente jurídica– de aval alguno a la actual administración municipal –de la que– con sus luces y sus sombras –he sido y soy severo crítico– sino de simple y llana defensa de la ley.

¿Si las leyes no se cumplen, para qué las leyes? ¿Y para qué las leyes si convertidas en lo que quieran “los intérpretes”?

No se trata de si es oportuno o conveniente que el alcalde de la ciudad de Guatemala continúe o no en el ejercicio de su cargo, sino de que si –de conformidad con la ley– puede ocuparlo.

¡Cuidado con alentar a que los jueces, en vez de aplicar leyes, apliquen sus caprichos, los de la prensa o los del pueblo mismo, la sepultura –óigase bien– del Estado de Derecho!

La aplicación de la ley no admite ideologización alguna –válida esta para formularla–, sí, pero no en el momento en que se aplica y así, por ejemplo, el embargo comercial que pesa sobre Cuba –independientemente de su oportunidad o conveniencia– útil o no –es ilegal puesto que existe norma internacional (FAO) que manda que los alimentos no pueden utilizarse como un arma de presión política y –en consecuencia– más allá de cualquier otra consideración que no vendría al caso –por esta razón– estrictamente jurídica – debe rechazarse.

¿Hasta dónde la aplicación de la ley? Parafraseando las palabras de Santa Teresa de Calcuta en cuanto a los límites de la caridad: hasta que duela.

 El Alcalde de la Ciudad de Guatemala puede renunciar de su cargo –tal lo que dice la ley– pero no tiene ninguna obligación de hacerlo y, por lo demás, demasiados son los problemas nacionales –los municipales, los primeros– para se nos haga perder el tiempo en necedades. ¿No les parece?

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