Lunes 15 DE Julio DE 2019
Opinión

Una seguridad políticamente neutral

En la tarea de construir el Estado.

 

Fecha de publicación: 28-03-16
Por: Édgar Gutiérrez

En enero de 2015 Joaquín Villalobos, uno de los más influyentes estrategas en seguridad, publicó Bandidos, Estado y ciudadanía. (http://www.nexos.com.mx/?p=23788), un extenso y bien documentado ensayo sobre la explosión de violencia criminal en América Latina. Su tesis es que el fin de la violencia política del pasado debió obligar a la renuncia del poder coercitivo del Estado con fines políticos. Entre menor fue la reforma del Estado autoritario mayor es la dificultad para enfrentar la actual violencia criminal. El reto es el mismo: completar la construcción del Estado, reformando o refundando las instituciones heredadas.

Guatemala puede ser un buen ejemplo. Donde hay conflicto social que enfrenta políticamente a sectores de la sociedad, por lo general el aparato coercitivo es inclinado hacia un sector, como en San Juan Sacatepéquez. Pero cuando la población necesita ser protegida, el aparato está ausente, como sucedió en Morales, Izabal, tras la captura del mando criminal de la familia Mendoza que luego amenazó con represalias a los pobladores que incriminasen al jefe. Para que el Estado democrático se legitime debe ser políticamente neutral, y esa neutralidad es una de las batallas decisivas del presente que conducen el MP y la CICIG.

Sin esa legitimidad, que representa el ejercicio real de la autoridad, el Estado deja vacíos de poder que la criminalidad ocupa, compitiendo en poder e influencia, y provocando descalabros a diestra y siniestra. Así, cualquier política preventiva de seguridad puede ser asfixiada o manipulada por las organizaciones criminales. La recuperación del monopolio legítimo de la fuerza le permite al Estado madurar las instituciones y saturar el territorio. Dice Villalobos: “El poder coercitivo del Estado es el principal poder del Estado porque la certeza de estar protegido en la vida, el patrimonio y los derechos humanos son precondiciones. Sin seguridad, ni la economía, ni la familia, ni la escuela, ni la cultura, ni la vida en comunidad pueden funcionar bien”.

De la discusión extraigo al menos tres conclusiones pertinentes: 1. La condición de seguridad es edificar un Estado legítimo y su correlato, la ciudadanía, 2. Las capacidades ciudadanas son con frecuencia formadas por la acción del Estado, pero son ciudadanos quienes construyen, reforman y refundan las instituciones (citando a Duncan Green); los policías (“ciudadanos formadores de ciudadanos”, en palabras del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus) representan la piedra angular de esa construcción, antes que la justicia o las cárceles, que vendrán (muchas veces empeorando las cosas) cuando el primer y más extendido mecanismo de seguridad falló.

Cuando el Estado pierde capacidad de proteger a su población no solo pierde territorio, población e instituciones (o sea, queda sin autoridad), también se pierde el edificio moral de la sociedad, con lo cual se potencia la cultura violenta, la burla de la ley y el aborrecimiento del trabajo, buscando la ganancia rápida, parte de la cultura criminal. Así, el futuro de los niños no es ser maestro, médico o ingeniero, es ser miembro de una mara o de un cartel criminal.