Martes 15 DE Octubre DE 2019
Opinión

Ecos de Brasil

Fecha de publicación: 14-03-16
Por: EDITORIAL

En Brasil, la Fiscalía de São Paulo ha solicitado la prisión preventiva del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, quien ha sido sindicado de la comisión de los delitos de lavado de dinero y ocultación de patrimonio. Dicha petición obedece a un presunto riesgo de fuga y de que el sindicado obstaculice la investigación criminal en su contra. La respectiva investigación se enmarca dentro del caso Petrobras (Operación Lava Jato) dentro de la cual se imputa a Lula Da Silva la obtención de beneficios ilícitos de constructoras durante su gestión gubernativa. La Fiscalía señala a Lula Da Silva de ser “uno de los principales beneficiarios” de la corrupción de Petrobras.

Por cierto, ha trascendido que la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, podría incorporar a su equipo de gobierno a Lula Da Silva, para investirlo de inmunidad e impedir que sea encausado penalmente sin la previa autorización del Supremo Tribunal Federal, extremo que se interpretaría como un intento de garantizar impunidad a Lula Da Silva. Por cierto, la gestión de Rousseff también está siendo señalada de actos de corrupción y existe una presión pública enorme para forzar su dimisión o, en su caso, iniciar su desafuero en el Congreso.

Los escándalos de corrupción que se investigan en Brasil también han repercutido en Guatemala, con la salvedad de que aquí las investigaciones no avanzan. Cabe recordar, por ejemplo, que la “camarilla gobernante” bajo el nefasto régimen de Álvaro Colom (2008-12) fraguó el “negocio del Transurbano”, que consistió en financiar, con fondos estatales, la adquisición de buses en Brasil y la operación del sistema prepago. En torno a este negocio la revista alemana Manager-Magazin denunció la sobrevaloración de buses así: “La empresa Transurbano pagó por los buses brasileños alrededor de 126,000 dólares por los buses normales, y 275,000 dólares por los buses articulados (dos partes), un cuarto más que el precio de mercado. Un precio tan alto que solo podía significar un soborno entre las dos partes”. Este caso sigue sin destaparse. ¿Por qué será?

Por otro lado, la Policía de Brasil incautó documentos en la empresa OAS, investigada por la corrupción en Petrobras, entre los que se halló un documento que expresa que el expresidente Otto Pérez, y el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi recibieron US$1 millón (Q8 millones), extremo que fue confirmado en su oportunidad por la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. El referido papel escrito a mano, calificado por Sinibaldi como un “papel shuco”, habría sido redactado por el presidente de OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, quien está preso por sobrevaloración de obras en Petrobras. En dicho papel se consignan, después de la palabra “GUAT”, los nombres del expresidente Pérez y del exministro Sinibaldi. En otra parte se lee: “Marqueteiro (mercadólogo en portugués) Antonio Solá” y abajo “20 x USD50.000 = US$1.000 será abatido (rebajado)” y, luego, las palabras “contingencia: US $ 45 = US $ $ 36 Congr = 40 x 105 = 4000”, una secuencia que la Policía de Brasil ha interpretado como supuestos sobornos a congresistas guatemaltecos. En todo caso, debe tenerse presente que con el voto de 105 diputados se pueden aprobar leyes y préstamos de urgencia nacional. ¿Será que debido a estos “sobres bajo la mesa”, como decía con cinismo el expresidente Jorge Serrano, muchos diputados se sienten amenazados y atemorizados, y que esto los hace susceptibles de recibir presiones o imposiciones? Entonces, ¿estos “dignatarios de la nación” están o no ejerciendo una digna representación del pueblo?