Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
Opinión

La Puya: El fallo incumplido

MEM sienta nefasto precedente.

— Helmer Velásquez
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La defensa del agua, ha mantenido movilizados durante largos cuatro años, algo así como mil quinientos veintinueve días, a los vecinos de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Una batalla épica, histórica y no violenta. La expresión más conocida de aquel emprendimiento social, es la presencia de pobladores –buena parte mujeres– en las afueras de la “Mina El Tambor”, operada con capitales foráneos. Los vecinos no fueron consultados, previó otorgarse las licencias de operación de la mina –como lo ordena la Ley– pese a los reconocidos peligros que para la salud humana y al abasto de agua, implica este tipo de explotación. Más bien la Administración del Estado en tiempos del defenestrado Pérez Molina, se erigió en “mediador” entre empresa y vecinos. Ante el fracaso de su intervención, a posteriori ordenó la intervención policiaca, que a garrotazos y bombazos, rompió el cordón humano de la resistencia –física– y dejó libre el paso a la maquinaria minera.

El asunto no ha terminado, faltan muchas lunas para ello, los vecinos siguen ejerciendo su derecho humano a la salud y al agua, acechados por la “fiebre del oro” y la avaricia empresarial. Esta vez, acudieron a las Cortes de Justicia, demandando amparo, acompañados por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala –CALAS. El Amparo fue otorgado y la Corte Suprema de Justicia resuelve: “se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata” en el lugar. Resolución prístina que no deja lugar a dudas. Sin embargo, en una declaración cantinflesca el “Asesor Jurídico” del Ministerio de Energía y Minas, justifica la no suspensión de la Licencia y consecuentemente las operaciones “de la mina El Tambor” diciendo: “La Corte Suprema de Justicia manda a que suspendamos el otorgamiento, pero si ya está consumado el acto… ya no se puede hacer más” es decir, la licencia de operaciones mineras fue otorgada y tratándose de hecho consumado: no hay más que hacer. Risible expresión del letrado.

Jocosidad y enojo al margen, desobedecer de forma órdenes de la máxima autoridad judicial –que es lo que hace el MEM– no solo violenta, aún más, los derechos de los pobladores, sino que llama a desobedecer los fallos judiciales. Sienta el MEM un gravoso precedente a la democracia y deja muy mal parado el régimen de legalidad: la libre interpretación de las resoluciones de justicia. Es aún posible enmendar el entuerto. Lo procedente: Cierre temporal de operaciones de la mina El Tambor.

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