Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Maras Metropolitanas versus Alcaldes Aldeanos

Se necesitan cambios estructurales que combatan la pobreza y fomenten el empleo, reforzando por supuesto el imperio de la ley.

— Edgar Balsells
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El bombazo del domingo causó dolor y repudio, y es que además hubo otro percance similar en la zona 6, unas horas después, y el municipio de Mixco ha estado bajo asedio de la violencia criminal urbana. Se ve que las maras nos tienen mapeados, a escala departamental y nacional, mientras que los alcaldes mantienen visión de hormiga: aldeanos, buscando incentivos locales y apelando a su “autonomía”.

¿Cómo hacerle frente a los desafíos urbanos de la seguridad ciudadana?, la anterior es una pregunta que los alcaldes debieran plantearse como prioritaria, en lugar de estar pensando cómo hacer negocios con los Q13 mil millones de inversión pública que manejan de diversas formas, y cuyo destino se esfuma en miles de pequeños proyectitos principalmente revestidos de hierro, cemento y ladrillo tayuyo.

Nuestra Constitución es muy sabia cuando le asigna a las municipalidades las facultades de gobernar en la jurisdicción respectiva, pero también le asigna al Estado el gobierno nacional, y un caso paradigmático de ello es el del ordenamiento territorial: el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, comandado por el propio Presidente de la República debe calibrar acciones con cada uno de los alcaldes, que tienen encomendado el gobierno territorial de su jurisdicción.

Y como hay problemas complejos, principalmente cuando se trata de desafíos intermunicipales, la Constitución, en el Artículo 231, prescribe la creación de la región metropolitana, integrada por la ciudad capital y su área de influencia urbana, integrándose en la misma el Consejo Regional de Desarrollo respectivo. Además la Constitución manda la aprobación por el Congreso de la República de una ley especial con todos los pormenores administrativos y financieros de esa aventura institucional.

La población demanda una actuación enérgica y forzosamente más preventiva del Ministerio de Gobernación; además se sabe que la emergencia del Hospital Roosevelt operó el fin de semana a toda su capacidad y ha sido gracias a médicos y residentes que el saldo del atentado marero no ha sido más trágico, si bien el espectáculo es espeluznante y triste. Pero ¿y los alcaldes qué están haciendo?

Tal y como los expertos en seguridad, justicia y violencia lo afirman, el nuevo entorno criminal se aposenta en ciudades intermedias y metrópolis, y las bandas se encuentran al acecho del vecino mediante extorsiones, negocios ilícitos y demás actividades que riñen en contra de la moral y de la competencia de mercados. Vital es entonces fomentar toda aquella arquitectura institucional que rebase las débiles jurisdicciones municipales, principalmente en una urbe cuyos problemas son de grandes dimensiones y requieren de inversiones de todo tipo para prevenir sucesos como los observados en los últimos días.

Hace unos años elaboramos el estudio el Costo Económico de la Violencia en Guatemala, y nuestras recomendaciones no se centraron ni por asomo en la pena de muerte o en el castigo desenfrenado a los jóvenes que infringen la ley y que hoy están llegado hasta al terrorismo para conseguir sus fines aviesos. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que para prevenir todo esto se necesitan cambios estructurales que combatan la pobreza y fomenten el empleo, reforzando por supuesto el imperio de la ley.

Los problemas de la urbe metropolitana demandan de acciones estratégicas y me late que aquellos influyentes que leerán este artículo se comportarán con indiferencia, aduciendo que la emergencia no amerita de acciones tan ambiciosas como la que se propone. Pero por algo nuestros constituyentes fueron tan visionarios para proponer una nueva institucionalidad metropolitana, que le ponga coto a los feudos edilicios y proponga una mejor visión de Estado para entrarle a la violencia criminal urbana.

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