Sábado 17 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Una SAT autónoma

El problema ha sido la capacidad de los Presidentes de echar mano en la institución.              

— Phillip Chicola
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Por segunda ocasión en 20 años, un caso de corrupción, contrabando y defraudación aduanera nos obliga a replantear el sistema institucional de recaudación tributaria en Guatemala.

A mediados de los noventa, la desarticulación de la Red Moreno abrió la puerta para sustituir el anterior sistema de una Dirección General de Rentas Internas, subordinada al Ministerio de Finanzas Públicas, por una Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) como institución descentralizada, con autonomía funcional, financiera, técnica y administrativa. El objetivo de apostar por una institución autónoma y descentralizada partía de la premisa que la recaudación tributaria era de tal trascendencia para el funcionamiento del Estado, como para dejarlo en manos del Gobierno central, puesto que existía el riesgo de politización.

No obstante, un error de diseño hizo inviable la autonomía efectiva: la subordinación de facto que existe entre el Superintendente y el Presidente, derivado de la facultad que tiene este último de nombrar y destituir al primero. Bajo este arreglo, el Superintendente le ha respondido de hecho al Jefe de Estado, y no al Directorio de la SAT, el órgano que debiera ser la máxima autoridad de la administración tributaria. El caso La Línea es un ejemplo de la perversión del modelo. Las escuchas muestran a un Superintendente Carlos Muñoz preocupado de atender las demandas del Presidente. El hecho que el Presidente le haya podido dictar órdenes al Superintendente denota que la subordinación política del segundo al primero, rompían el espíritu autónomo y descentralizado bajo el cual se concibió la SAT.

El mismo argumento aplica para las Intendencias, las unidades específicas dedicadas a cumplir las obligaciones sustantivas de la SAT. Sin ir tan lejos, recordemos el caso de Claudia Méndez Asencio, quien asumió la Intendencia de Aduanas por orden directa de la Vicepresidente Baldetti, rompiendo así todo principio de autonomía funcional de la institución.

No obstante, las propuestas que se han planteado en el debate sobre reformas a la Ley de la SAT no necesariamente apuntan a fortalecer la autonomía de la institución. Desde aquellos que plantean la supresión de la SAT y retornar al esquema de una Dirección de Rentas Internas dentro del Minfin, o aquellos que plantean suprimir de hecho al Directorio de SAT y que el Superintendente sea la máxima autoridad a nombramiento del Presidente. En ambos casos, no se resuelve el problema toral que existe hasta ahora: la potestad de una autoridad política (el Presidente) de ordenar y direccionar el funcionamiento de una institución autónoma.

Por ello, la respuesta a la problemática pasa por fortalecer al Directorio, como máxima autoridad de la administración tributaria. Además, es necesario que el nombramiento del Superintendente provenga del Directorio y no del Presidente. Y que el Directorio tenga un mandato claramente establecido, que se encargue de definir las metas estratégicas de la institución, y que esté encargado de velar por los nombramientos internos.

De tal manera, la reforma a la SAT debe ir encaminada a hacer efectiva su autonomía, y blindar la institución de cualquier influencia proveniente de estamentos políticos y grupos de interés.

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