Viernes 24 DE Mayo DE 2019
Opinión

Selección de candidatos en el Congreso

Fecha de publicación: 07-03-16

A raíz de la convocatoria pública que hizo el Congreso para que quienes estuvieran interesados en ser elegidos como magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), titular y suplente, 36 abogados presentaron sus solicitudes y currículos.

En el seno del Congreso se organizó una comisión de calificación de expedientes, integrada por los jefes de bancadas o bloques, y presidida por la diputada Nineth Montenegro.

Lo procedente era que esta comisión se limitara a verificar si los aspirantes cumplían con los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC) para optar al cargo de magistrado de la CC. En todo caso, la Constitución y la LAEPC determinan que puede optar al cargo de magistrado de la CC quien cumpla con los siguientes requerimientos: Ser guatemalteco de origen, abogado colegiado activo, de reconocida honorabilidad y tener, por lo menos, 15 años de graduación profesional.

En nuestra opinión, la referida comisión no puede sustituir al pleno de los diputados al Congreso en cuanto a hacer una preselección de candidatos, porque no está previsto en la Constitución ni en la LAEPC; y, además, la elección de magistrados de la CC le corresponde, con exclusividad, al pleno de los diputados al Congreso, por votación mayoritaria de estos.

Por tanto, quienes cumplan con los requisitos exigidos por la Constitución deberán ser votados por el pleno de diputados al Congreso y no por la indicada comisión, cuyos integrantes, incluso, se atrevieron a puntear subjetivamente a los candidatos, extremo que fue público, sin que previamente existiera un proceso objetivo de selección por oposición que midiera los méritos de los aspirantes.

Neófitos y legos, cual profesores universitarios de maestría y doctorado, se dieron a la tarea de calificar a letrados, a profesionales del Derecho. Es más, los primeros hasta se dieron el taco de asignar a los segundos buenas o malas puntuaciones arbitraria y discrecionalmente, arrogándose con ello las funciones de un tribunal examinador propio de la academia. Sin duda, una escalofriante farsa politiquera que si prevalece deberá ser impugnada.

De cualquier manera, el pleno de los diputados al Congreso deberá seleccionar a los magistrados de la CC entre todos los aspirantes que cumplan con los requisitos exigidos por la Constitución y la LAEPC, y no solamente entre los que la comisión de jefes de bancadas o bloques favoreció con sus puntuaciones antojadizas, bajo pena de nulidad de la elección. Así lo ordena el Artículo 154 de la LAEPC. ¡’Dura lex, sed lex’!