Miércoles 26 DE Septiembre DE 2018
Opinión

¿Peor el remedio que la enfermedad?

Ha resultado con consecuencias no deseadas mucho peores que el mal que intentaba remediar.

— Roberto Blum
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En 1972 el presidente estadounidense Richard M. Nixon decidió enfrentar el tema del consumo creciente de drogas entre la población de ese país. Para ello inició una verdadera guerra contra lo que él y muchos de sus conciudadanos consideraban un flagelo moral. En 1973 el gobierno americano constituyó la Agencia para el Control de Drogas (DEA), con el propósito de erradicar las fuentes de ese mal.

El tema de las drogas había sido desde principios del siglo XX una obsesión del doctor Joseph Pulitzer, que desde su agencia estatal en el Departamento de Salud y Urbanismo, lideró a grupos, principalmente de mujeres, que deseaban la regeneración moral de una sociedad que estaba siendo destruida por el hedonismo, una sociedad que estaba abandonando los principios cristianos de los “padres fundadores”.

Así, lo que comenzó como una cruzada moral estadounidense, se convirtió pronto –a partir de la década de los setentas– en una guerra global contra una actividad en la que los productores y los consumidores coincidían continuamente en múltiples transacciones comerciales de manera más o menos pacífica. La “guerra global contra las drogas” en sus cuarenta y tres años de existencia no ha logrado, ni de cerca, sus propósitos centrales y en cambio ha generado todo un universo de graves y perversas consecuencias en los Estados Unidos y alrededor del planeta.

El poderío económico y la influencia política estadounidense lograron que otros países se alinearan en la lucha. La DEA logró cerrar las fuentes productoras de drogas más lejanas, principalmente las de Asia, y envalentonada con sus éxitos, ha intentado también cerrar el tráfico de los productores más cercanos en el continente americano, obligando a México, Colombia y Centroamérica a enrolarse en una ofensiva sangrienta e imposible de ganar.

En el 2007, Felipe Calderón, recién instalado en la Presidencia mexicana, le declaró la guerra al narcotráfico. Una guerra para la que las instituciones del país no estaban preparadas en absoluto. Las consecuencias desastrosas de inmediato comenzaron a presentarse. El número de homicidios dolosos pasó de ocho por cada 100 mil habitantes en el 2007 a 24 en 2011, un incremento de 300 por ciento. En los ocho años en que México ha estado luchando contra el narcotráfico, 151 mil 233 asesinatos se han reportado pero quizás más grave es el número de desapariciones forzadas que se han contabilizado 26 mil 798 personas simplemente se evaporaron. Solo en ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, hay 351 personas desaparecidas. Allí tenemos una horrenda tasa de 227 desaparecidos por cada 100 mil habitantes. En todo el territorio del país han sido hallados unos 8 mil cadáveres en fosas clandestinas. Hasta febrero del 2012, se habían encontrado 331 cuerpos en 14 enterramientos criminales en el estado de Durango.

El informe 2016 para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declara: “Dentro de este contexto de lucha contra el narcotráfico y la consecuente militarización de zonas del país, diversas autoridades como las policías en sus distintos niveles (federal, estatal y municipal), miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos, han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían en la impunidad”.

Según esto, parecería que la lucha iniciada por razones fundamentalmente morales contra la producción y el consumo de drogas prohibidas por la ley ha resultado con consecuencias no deseadas mucho peores que el mal que intentaba remediar. Aquí podríamos recordar algo que la sabiduría popular nos enseña: “el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones”.

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