Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
Opinión

No por mucho madrugar… (I parte)

Bien dijimos que había inconstitucionalidades en las reformas pretendidas.

— Acisclo Valladares Molina
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Si la Constitución permite la reelección de los diputados y de los alcaldes –sin límite alguno– no podía ser quién –la Ley Electoral y de Partidos Políticos– para prohibirla o limitarla y, así –tajante y categórica– ha venido a sancionarlo la Corte de Constitucionalidad (CC).

En la borrachera mediática que se diera el año pasado (“en estas condiciones, no queremos elecciones”, la más sonora cantaleta que vino a responder el pueblo de Guatemala con el más contundente de los posibles tapabocas al concurrir de forma masiva –tal como lo hizo– al ejercicio de su voto), en esa borrachera mediática, decía, llegó a pretenderse que –violándose la Constitución, sin el dictamen previo de la CC, que es un paso necesario para que leyes de este tipo puedan reformarse– se aprobaran las reformas y que, en contra de prohibición expresa de la ley, se aplicaran al proceso electoral ya convocado.

Me permití señalar, entonces, que además de la mediocridad de las reformas, circunscritas estas a varias necedades y que obviaban asuntos torales, contenían inconstitucionalidades, precisamente las señaladas por la CC.

¿Cómo pretender que pueda establecerse un Estado de Derecho con el atropello de las leyes?

Lo que tendría que reformarse para prohibir la reelección de diputados y alcaldes no es la Ley Electoral sino la propia Constitución de la República (no por mucho madrugar amanece más temprano) ya que, lo reitero, es esta la que lo permite y ninguna ley menor puede contradecir, tergiversar o limitar, lo que la Constitución establece.

La prohibición de la reelección de diputados carece de sentido puesto que atenta en contra de la “carrera parlamentaria”, propia como lo es de todas las grandes democracias y la mejor manera de que la voluntad del elector se encuentre bien representada puesto que, si en efecto se siente y se sabe bien representado, reelegirá al diputado pero si este le es infiel, lo castigará con la derrota.

Contrario a lo que ocurre con los diputados, la limitación de reelección de los alcaldes podría tener algún sentido ya que la función de estos se asemeja –en sus respectivos municipios– a la del Presidente de la República como Jefe de Gobierno, reelección que se prohíbe y que quizá, en el caso de los alcaldes, valdría la pena –si no prohibirla, al menos limitarla– asunto que –en todo caso lejos de dogmático– merece la más amplia discusión.

Otra reforma constitucional a ser considerada –reforma que es toral y que no fue ni tan siquiera mencionada por “los reformistas” – es la de reducir el tamaño de los distritos electorales, que son definidos por la Constitución de la República tomando como tales –tal su mandato– a los departamentos –cada departamento un distrito– a los que se suma el distrito metropolitano que conforma la ciudad de Guatemala –identificación departamento– distrito que debería desaparecer para que puedan establecerse distritos electorales más pequeños, lo que acercaría –no lo están– al elector y al electo ¡Nadie sabe en Guatemala –es el colmo– quién es su diputado! Votación por distrito –pequeños distritos– en los cuales habría un solo cargo a disputarse de tal forma que los candidatos ganarían o perderían –sin medias tintas– y el único cargo en juego se adjudicaría al ganador: el final, pues, de los zánganos en materia electoral y de las candidaturas “solapadas”.

¿Quién es su diputado?

La reducción del tamaño de los distritos electorales es una reforma trascendente que vendría a cambiar –radicalmente– la composición del Congreso y a restablecer la relación entre electores y elegidos –entre representantes y representados: el perdido cordón umbilical.

Despacio, que tengo prisa: una sabia sentencia popular que bien podría inspirarnos.

(Continuará en la columna del martes 23 de febrero)

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