Jueves 15 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Pena de muerte

Qué Pacto de San José ni que niño envuelto.

— Danilo Parrinello
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En Guatemala existe y está vigente la pena de muerte y no hay que andarle buscando cinco pies al gato porque tiene cuatro. Sin embargo, no se aplica porque durante el gobierno, del asesino confeso, Alfonso Portillo el Congreso derogó el Decreto Ley 159 conocido como “Ley de Indultos”, por lo que Guatemala carece de procedimientos que garanticen el derecho de un reo, condenado a muerte, poder pedir el indulto, último recurso que la ley exige se agote para aplicar la pena capital, o sea que vivimos en un limbo jurídico o impasse legal. Históricamente tuvo Álvaro Colom la oportunidad de sacarnos de ese impasse, sin embargo acorde a su débil carácter y aduciendo que su gobierno era socialdemócrata, vetó la Ley del Indulto presidencial, con la que se buscaba restituir la aplicación de la pena capital en el país. Con eso Colom frenó la intención de los diputados (de ese entonces) de resolver ese vacío legal que existe en nuestra legislación desde el año 2000 en que Portillo derogó la responsabilidad que recaía en el Presidente de conceder o no el recurso de gracia.

Considero que es bueno recordar que en Guatemala de acuerdo con los Artículos 131,132,132bis, 201 y 383 del Código Penal se señalan los delitos en que se puede aplicar la pena de muerte y estos delitos son: el parricidio, el asesinato, el plagio o secuestro, y el magnicidio. Para mis amables lectores que no sean abogados les recuerdo que el asesinato consiste en matar a una persona con alevosía, por precio, recompensa, promesa con ánimo de lucro, entre otros por incendio, veneno, explosión, con premeditación, con ensañamiento, con impulso de perversidad brutal, para ocultar otros delitos, con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Tenemos pues que los crímenes perpetrados por los sicarios, y los mareros que hoy acosan a la sociedad guatemalteca, encajan perfectamente en lo que está tipificado como asesinato y la pena por este delito es la muerte.

Recordemos que la Constitución de la República reconoce la existencia de la Pena de Muerte y los casos en que no podrá imponerse y estos son: si la acusación se funda en presunciones; a las mujeres; a los mayores de sesenta años; a los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos y, a los reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición.

Por otra parte debemos recordar que Guatemala es signataria del “Pacto de San José”, que prohíbe expresamente a los Estados que aún mantengan vigente la pena de muerte y sean signatarios de ese pacto el poder agregar nuevos delitos a los ya establecidos en su legislación, con anterioridad al referido pacto. Claro si se quieren agregar nuevos delitos debiese antes denunciarse el mencionado pacto. Esta es una ruta larga y tortuosa que no es necesario recorrer para aplicar la pena capital, basta con que el Congreso legisle restableciendo el recurso de gracia y que el Presidente no vete la ley. Si el clamor popular es: “urge la pena de muerte”, y se tienen dudas, pues para los creyentes en la democracia vayamos a una consulta popular y que se oiga la voz del pueblo. Vox populi, vox dei.

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