Domingo 24 DE Marzo DE 2019
Opinión

¿Qué es lo que está ocurriendo?

Se trata de las necesarias consecuencias de una firma de paz mal negociada.

— Acisclo Valladares Molina
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La firma de la paz debió concluir con la amnistía y la amnistía –ingrato pero necesario olvido– debió de ser el más categórico final –el absoluto final– de todo lo ocurrido pero la negociación fue dejada en manos de los “genios” políticos –algunos, incluso, extraños camaleones– y de escogidos leguleyos que –retorciendo las normas– se pliegan –sumisos– a las necesidades del momento.

Puedo imaginar cuando estos habrán de haber argumentado que el delito de desaparición forzosa, por ejemplo, podía quedar excluido de la amnistía por cuanto que habría sido introducida en nuestro ordenamiento jurídico con posterioridad a la fecha en que estas habrían ocurrido, pasando por alto el pequeño detalle de que este se trata de un delito de tracto continuado y que, en consecuencia, sea cual sea la fecha de su inicio –al igual que un secuestro– se sigue perpetrando hasta el momento en que la desaparición haya concluido.

Todos los delitos podían ser objeto de amnistía –absolutamente todos– pero los “genios” políticos y los escogidos leguleyos –por sí y ante sí– decidieron dejar fuera de la amnistía –concesión graciosa– delitos que en su concepto no fueron cometidos olvidando el también pequeño detalle que no habrían de ser ellos –sino jueces– quienes habrían de hacer, finalmente, la apreciación y tipificación de los delitos.

La paz fue negociada en el extranjero y en hoteles cinco estrellas por las “élites” de una y de otra parte y de espaldas a los soldados –obedientes y no deliberantes.

Los combatientes fueron –así– vendidos y la “chupitinga” de la paz –la falta de conciencia de todo lo ocurrido– no fue sino el presagio de cuanto habría de ocurrir y que estamos viviendo.

La defensa de los “business”, su preservación, fue bastante más importante en las negociaciones que la seguridad de los soldados.

Los soldados que hubieron de defender el orden institucional ante el zarpazo que para hacerse del poder quisieron dar quienes formaron parte de la insurgencia armada, asesinatos, torturas, masacres, torturas y secuestros incluidos, han dejado ya el servicio activo en el ejército: La firma de la paz se produjo en 1996, hace veinte años y, en efecto, a la presente fecha, de los grados de teniente coronel para abajo ya no existe, en servicio activo, ninguno de los que hayan combatido y, si bien la firma de la paz se produjo en 1996 ya para 1986 había cesado el grueso de las hostilidades por lo que bien podríamos decir que, salvo alguna excepción –han pasado ya treinta años– no existe oficial en servicio activo –hasta generales, incluso– que haya sido combatiente.

En resumidas cuentas, pues ¿A quién podría importarle dentro del Estado, incluido el ejército, la suerte que puedan tener los combatientes?

Preocupó más tener una Procuraduría General de la Nación, tapadera de negocios, conveniente para ello los sucesivos achichincles ( los achichincles, además, valga esta pequeña digresión, siempre traidores) que una Procuraduría General de la Nación tal y como corresponde, representante del Estado y defensora –en ley– de sus distintos intereses y, así, hubimos de verla indiferente ante el juicio de genocidio, delito entre nosotros nunca perpetrado, el patrimonio del Estado en juego, siendo El Estado –los impuestos que pagamos– nosotros –si lo hubiere habido y los funcionarios lo hubieran perpetrado, los responsables civiles solidarios.

Desapariciones forzadas, delitos contra los deberes de la humanidad, torturas–los delitos que actualmente se imputan– pudieron haberse perpetrado y si se demostrare en estos la participación de los imputados –salvo amnistía– habrían de producirse sentencias que podrían condenarles.

¿Serían “culpa” la persecución y el resultado de los fiscales y los jueces?

 ¿Obedece a un sesgo ideológico de la Fiscal General de la República la persecución que se realiza?

¿Obedecerían a un sesgo ideológico de los jueces –si se prueban los hechos que se imputan y la participación en estos de los distintos imputados– las condenas que pudieran producirse?

La verdad de las cosas es que lo que está ocurriendo no es culpa de la Fiscal General de la República ni de los fiscales y los jueces, ni obedece a sesgos ideológicos, siendo la simple consecuencia de una paz mal negociada y no es justo–ni posible– que sean los fiscales y los jueces quienes vengan a dar a esa terrible tragedia que ocurriera entre nosotros la necesaria conclusión política que, los políticos, no supieron darle.

Los fiscales y los jueces actúan de conformidad con las leyes: No las hacen.

 ¿Quiénes los culpables, entonces, de la situación que se ha creado?

Aquellos que negociaron la paz –y los que recogieron lo negociado en leyes– de espaldas a los soldados.

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