Sábado 14 DE Diciembre DE 2019
Opinión

Indemnización de magistrados

Fecha de publicación: 25-01-16
Por: EDITORIAL

Según informaciones de prensa, la Corte de Constitucionalidad (CC) pagó al expresidente Alejandro Maldonado cerca de Q 400 mil, en concepto de indemnización (compensación por los daños y perjuicios causados por el despido injustificado) por haber ocupado el cargo de magistrado de la CC, del cual renunció el año pasado para asumir como Vicepresidente de la República, a raíz de la renuncia de la vicepresidenta electa, Roxana Baldetti.

Los magistrados de la CC, al igual que los otros funcionarios (magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General de la Nación, Contralor General de Cuentas, Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal General de la República, Presidente del Banco de Guatemala, Presidente de la Junta Directiva del IGSS, Superintendente de Bancos, Superintendente de Administración Tributaria, etcétera) nombrados o electos para desempeñarse durante períodos de funciones fijos o determinados, han venido cobrando indemnización al concluir dichos períodos, incluso aquellos que han renunciado (separación voluntaria) como en el caso de Maldonado. De hecho, estos precedentes han dado pie para que el Presidente y Vicepresidente, así como los diputados al Congreso y al Parlacen también pretendan cobrar indemnización.

Lo anterior no obstante que la Constitución solo admite que sean indemnizados los trabajadores del Estado al ser despedidos sin causa justificada (derecho que no puede exceder de diez meses de salario). Por tanto, la Constitución no reconoce la indemnización universal (por renuncia o terminación del período de funciones). El Presidente y Vicepresidente, los diputados, magistrados y los otros funcionarios son designados, por mandato constitucional o legal, para un período fijo o determinado, no susceptible de ser ampliado ni prorrogado. Algunos pueden ser reelectos, más no designados a perpetuidad o por tiempo indefinido. Por tanto, no puede entenderse jamás que la terminación del período fijo o determinado de funciones de gobernantes, diputados, magistrados y otros funcionarios, por sí misma, equivale a un despido injustificado. Este se daría solo en los casos de una remoción arbitraria o que, por mandato constitucional o legal, cambiare la naturaleza de la función. La renuncia tampoco es causa de indemnización.

Por el hecho de que en el pasado los funcionarios electos o nombrados para un período de funciones fijo o determinado hayan cobrado indemnización como consecuencia de la sola terminación de su período de funciones, no significa que esta forma de proceder no sea inconstitucional o ilegal. El error no es fuente de Derecho y tampoco es correcto ni justo para las finanzas públicas perpetuar este error de pago indemnizatorio.