Martes 13 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Responsabilidad en materia de acceso a la información pública

— EDITORIAL
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Según Acción Ciudadana, la anterior Junta Directiva del Congreso presuntamente obstruyó el acceso a la información de planillas y salarios en el Congreso, y que dicha entidad procedió a accionar de amparo. 

En todo caso, cabe advertir que en el Artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, está tipificado el delito de Retención de Información, en los términos siguientes: “Incurre en el delito de retención de información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir la presente ley, que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida. Será sancionado con prisión de uno a tres años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta, y multa de diez mil a cincuenta mil Quetzales. La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la retención de la información”.

De esa cuenta, si lo afirmado por Acción Ciudadana es verídico, procedería que el Ministerio Público, en ejercicio de la acción penal pública, inicie la investigación criminal y la respectiva persecución penal.

Omisión de presentación de finiquitos

El Contralor General de Cuentas denunció que nueve alcaldes fueran juramentados y tomaron posesión de los respectivos cargos públicos sin contar con el respectivo finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas.

El Artículo 16, párrafo primero y literal b) del párrafo segundo, de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos dispone: “No podrán optar al desempeño de cargo o empleo público quienes tengan impedimento de conformidad con leyes específicas, y en ningún caso quienes no demuestren fehacientemente los méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Tampoco podrán optar a ningún cargo o empleo público: (…) b) Quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado no tengan su constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestó sus servicios y de la Contraloría General de Cuentas (…)”.

Por tanto, se espera que tanto la Contraloría General de Cuentas como el Tribunal Supremo Electoral inicien las acciones legales correspondientes para hacer valer el imperio de la ley en dichos casos concretos.

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