Viernes 20 DE Julio DE 2018
Opinión

Alcaldes contratistas

— EDITORIAL
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Ha trascendido que, por lo menos, 78 alcaldes que fueron juramentados y tomaron posesión de sus cargos el pasado 15 de enero, han sido o son contratistas del Estado. También se tiene conocimiento que algunos alcaldes, síndicos y concejales fueron contratistas del Estado después de haber sido inscritos como candidatos e, incluso, después de haber resultado electos en las elecciones municipales celebradas el domingo 6 de septiembre de 2015.

El Artículo 16, párrafo primero, de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos establece: “No podrán optar al desempeño de cargo o empleo público quienes tengan impedimento de conformidad con leyes específicas, y en ningún caso quienes no demuestren fehacientemente los méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.

Asimismo, el Artículo 45, literal b), del Código Municipal dispone: No pueden ejercer las funciones de alcalde, síndico o concejal: (…) b) El que directa o indirectamente tenga parte en servicios públicos, contratos, concesiones o suministros con o por cuenta del municipio (…)”.

Por otro lado, el Artículo 80, literal e), de la Ley de Contrataciones del Estado dispone: “No podrán cotizar, licitar ni celebrar contratos con el Estado, derivado de la aplicación de la presente Ley, las personas en quienes concurran cualesquiera de las circunstancias siguientes: (…) e) Ser servidor o trabajador público del Estado o de las entidades a que se refiere el Artículo 1 de esta Ley, así como sus parientes dentro de los grados de ley, cuando los contratos deban celebrarse con las dependencias en que tal servidor o trabajador del Estado preste sus servicios o se encuentre bajo su autoridad, igual prohibición rige para las personas jurídicas cuando dicho servidor público sea socio o representante de las mismas (…)”.

Tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Contraloría General de Cuentas tienen la obligación de verificar que los candidatos y funcionarios electos no sean contratistas del Estado. Lo anterior sin perjuicio, por supuesto, de las responsabilidades legales en que incurrieron los partidos políticos, como instituciones de Derecho Público, por haber postulado, en fraude de ley, como candidatos a contratistas del Estado, así como de las responsabilidades legales en que incurrieron los mismos candidatos, porque, a sabiendas de las prohibiciones e incompatibilidades correspondientes, permitieron ser postulados como aspirantes, competir como candidatos y tomar posesión de los respectivos cargos públicos.

De cualquier manera, la prohibición no solo abarca a los propietarios de empresas mercantiles, sino que también a los accionistas o socios, administradores y representantes legales de sociedades mercantiles, accionadas o no, por estar directa o indirectamente vinculados En todo caso, debe tenerse presente que las acciones de las sociedades anónimas y en comandita por acciones son nominativas.