Domingo 19 DE Agosto DE 2018
Opinión

No debe pagarse la deuda “pirata”

Se trata de las deudas –supuestas deudas– que habrían sido contraídas por “obras” no presupuestadas.

— Acisclo Valladares Molina
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La deuda flotante –contrariamente a la que me he permitido denominar, deuda pirata, tiene un asidero legal siendo esta la deuda surgida por obras o servicios debidamente presupuestados y que no alcanzan a pagarse en el ejercicio fiscal de que se trate, quedando su pago, en consecuencia, diferido. (Deuda de arrastre, la del ejercicio inmediato anterior y, así, de arrastre en arrastre, hasta flotante –deuda que, en principio– en consecuencia –tiene los caracteres de legítima).

Se trata la deuda flotante, en principio, reitero, de una deuda legítimamente contraída y cuyo pago resulta legítimo, debiéndose constatar simplemente –auditoría de campo– que las obras a que se refiere hayan sido debidamente realizadas, debidamente prestados, los servicios.

El pago de la deuda de arrastre –y de arrastre en arrastre– hasta flotante –la legítima– se debe someter, sin embargo, a un escrutinio adicional: la de la razón que pueda haber habido para que no se pagara –extremo que no afecta a la obligación de pagarla– pero sí a los funcionarios que dejaron de hacerlo y que solamente podrían tener una razón legítima para la omisión en que incurrieran: que no se les haya situado el dinero suficiente para poder pagarla.

Muchas veces, sin embargo, esa falta de fondos puede deberse a una razón espuria y que no es otra que la de haberlos utilizado para otros menesteres que eran distintos de los presupuestados, lo que no exime de la obligación de pago al acreedor legítimo (al de la obra presupuestada) pero da acción en contra del funcionario que, en tal caso, habría malversado los recursos al haberles dado –en esto consiste la malversación– un fin distinto que el fin presupuestado.

La deuda flotante se confunde con lo que me he permitido denominar deuda pirata –indebidamente denominada flotante– y que se trata de la deuda supuestamente contraída para la contratación de obras y servicios sin contarse con la necesaria partida presupuestaria para hacerlo o tomando de la partida existente pero para fin distinto, obras y servicios ilegítimamente contratados y que –en consecuencia– no pueden dar lugar a pago alguno.

La deuda pirata, así definida, no debe pagarse y es más, incurrirían en responsabilidad los funcionarios que lo hicieren ¡Tan claro como eso!

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no tiene por qué –ni debe– erigirse en investigador o detective, funciones que no le corresponden, siendo esta la labor que compete a la Contraloría General de Cuentas, institución que no solamente debe de auditar los papeles sino, in situ, la obra realizada o los servicios prestados –lo que se denomina auditoría de campo– que, finalmente, el papel, lo aguanta todo.

Ya hubo vez en que –en papeles– se habría construido completo el puente e, incluso, se habrían hecho gastos en el vino de inauguración –marimba incluida– pero que para chasco del auditor –el de campo– nada existía en el lugar, ni puente ni nada: tan fantasma el puente como su supuesta inauguración.

La auditoría de campo debe profundizar y no limitarse a constatar la existencia de la obra o de la prestación del servicio, debiendo extenderse a la comprobación de la calidad de los mismos: no es lo mismo, por ejemplo, hierro de un cuarto que hierro de media (Y, así, “chuladas” semejantes).

La auditoría de campo debe realizarse incluso, lo reitero, en el caso de obras de ejecución legítima, aunque no hayan generado deuda legítima alguna (De arrastre o flotante).

En el caso de las obras de ilegítima contratación –las piratas– ejecutadas o no y sea cual sea su calidad, no pueden pagarse –responsables de su pago– sí –los funcionarios que las hayan contratado.

La responsabilidad del Estado es sin embargo de carácter solidaria con sus funcionarios y empleados por los actos que realicen –actos que realicen, obviamente, en el ejercicio de sus cargos– y aunque estos fueren delictivos –lo que podría dar lugar–, si la deuda pirata no se paga, a demandas por daños y perjuicios en su contra pero en esto habría mucha tela que cortar ya que bien podría haberse dado –y es presumible– la connivencia de funcionarios y contratistas para la perpetración de los delitos, mediando, en todo caso, si no dolo, negligencia inexcusable de las supuestas víctimas.

Concluyo: ninguna obligación tiene el Estado de pagar la deuda pirata, ni obligación alguna el Ministerio correspondiente de hacerlas de investigador o detective: aquello que no se encuentre debidamente sustentado, que se reclame a través de los tribunales de justicia.

Lo más probable es que los reclamos judiciales –los de la deuda pirata– tendrían “retopón” y que, en consecuencia, muchos de los “contratistas” pararían en la cárcel…