Lunes 22 DE Abril DE 2019
Opinión

La verdadera transición

El miedo a la justicia es el que en realidad nos tiene paralizados.

— Manfredo Marroquín

De los muchos déficits que padece nuestro endeble sistema democrático, el relativo a la falta de aplicación de la justicia es sin duda la principal ancla que impide el despegue económico, social, cultural, turístico, ambiental y cualquier otro factor de desarrollo. Por eso, no es extraño que su incipiente despertar con las actuaciones del MP y CICIG sea motivo de movimientos telúricos que hacen tambalear las estructuras de poder anquilosadas y acomodadas al imperio de la impunidad.

La principal transición que vive hoy día el país no es la de un cambio de gobierno a otro, es la de pasar de un Estado de Impunidad al difícil parto de construir un Estado de Derecho que por su propia naturaleza desafía el orden establecido sobre el cual se han construido los cimientos del país que hoy tenemos. Se trata de una tarea que las democracias maduras y establecidas edificaron y consolidaron en los siglos XVIII y XIX. Acá estamos intentando sembrarla en pleno siglo XXI, cuando la misma noción de Estado se encuentra en plena crisis y los conceptos tradicionales de soberanía e independencia están en proceso de adaptación a un nuevo orden internacional donde existen instrumentos signados por todos los países como el Estatuto de Roma y otros que obligan a los Estados a actuar y aceptar reglas universales como el castigo de delitos de lesa humanidad.

Esta transición es más trascendental que la del relevo de gobierno y cualquier otra, por cuanto que de lo que ocurra con ella dependen la estabilidad y la paz social de la sociedad. Los gobiernos son transitorios y su desapego que llega a veces, al desprecio como lo vimos con el último gobierno al cumplimiento de la ley, los está haciendo cada vez vulnerables y débiles, no siendo necesario que ocurra un golpe de Estado para que sean derrocados, pues su propia conducta delictiva los hace tropezar y no terminar sus periodos.

La causa abierta contra 18 oficiales del Ejército de alto rango durante el conflicto armado interno, por conductas tipificadas de lesa humanidad, por parte del Ministerio Público que hasta hace unas semanas era ovacionado y felicitado por la persecución de casos de corrupción, ha dado paso a debates y hasta ataques ideológicos polarizantes, que buscan en el fondo deslegitimar y desprestigiar al MP, pretendiendo que su acción penal ignore denuncias y pruebas que deben ser valoradas mediante debido proceso judicial. No hay que olvidar que la corrupción generalizada que vive nuestro país tiene su origen en la impunidad y viceversa, resultando un total contrasentido que se aplaudan las acciones contra una sola, cuando ambas se retroalimentan y refuerzan entre sí.

La implantación de la justicia en Guatemala se enfrenta a un triple desafío. Primero hacer valer las leyes nacionales que siempre han sido tan solo un referente y no una obligación, ante la ausencia de mecanismos efectivos para su aplicación. Segundo, aplicar las normas del derecho internacional que hemos signado como país para pertenecer al concierto de países civilizados, y tercero, resolver los casos de justicia y verdad ocurridos en el conflicto armado interno.

Del cumplimiento de esta triple asignatura depende en realidad el éxito de nuestra transición a la democracia. El ritual electoral se ha asentado como parte de la cultura política con bastante éxito pero debe ser complementado con el establecimiento del Estado de Derecho, pues su ausencia nos deja viviendo en una democracia electorera que es incapaz de resolver con grandes desafíos del desarrollo y la convivencia pacífica.

En todos los países donde fue aplicada la justicia transicional, los Ejércitos como institución salieron fortalecidos al recuperar su espíritu de cuerpo para enfrentar un nuevo tipo de amenazas que verdaderamente son un peligro para la estabilidad de los países en el mundo en que vivimos. El miedo a la justicia es el que en realidad nos tiene paralizados.

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