Jueves 20 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Pasos de la justicia transicional

Mientras más pasan los años, más pruebas se obtienen.

— Irmalicia Velásquez Nimatuj
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La captura de 18 militares, el 6 de enero, 14 por deberes contra la humanidad y desaparición forzada entre 1981 y 1986, y cuatro por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, en octubre de 1981, son evidencias junto a otros procesos, como el juicio por genocidio contra los generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Sánchez, y contra Pedro García Arredondo por la quema de la Embajada de España en enero de 1980, de lo que fue la devastación del conflicto armado de 36 años.

Mientras más pasan los años, más pruebas se obtienen de cómo las fuerzas de seguridad y paramilitares, bajo el argumento de combatir al comunismo, destruyeron el entorno y la vida de las 23 etnias para que ningún “indio o india” levantara su voz. Múltiples son los casos que deben conocerse a nivel nacional, como lo vivido por la comunidad de Río Negro, ubicada a la orilla del río Chixoy, en Rabinal, Baja Verapaz, que fue exterminada en cuatro masacres ejecutadas en siete meses. La primera el 13 de febrero de 1982, la segunda el 13 de marzo, la tercera el 14 de mayo y la última el 13 de septiembre. Allí el Ejército y las PAC persiguieron y masacraron a casi el 90 por ciento de los hombres. Finalmente, de aproximadamente 176 familias sobrevivieron integrantes de 13. En pocas palabras, Río Negro vivió un exterminio y enfrentó un genocidio.

Por estos múltiples hechos, cada vez mejor documentados, sectores mayas argumentan que en Guatemala no hubo un conflicto armado sino una guerra planificada en contra de poblaciones indígenas perfectamente estudiadas y definidas por el Estado a través de sus instituciones. Este argumento irá tomando forma mientras avancen los procesos de justicia.

Ante la responsabilidad que el Estado guatemalteco tiene frente a la humanidad, la captura de los 18 militares es un paso en el marco de la justicia transicional, evidenciando que el genocidio contra poblaciones indígenas civiles y desarmadas fue parte de la continuación de un proyecto histórico que se ha reproducido en Guatemala para enriquecerse, beneficiándose de la mano de obra y del despojo de los territorios indígenas.

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