Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Juicios emblemáticos

Las tácticas dilatorias de la defensa lograron postergar el proceso un año.

— María Aguilar
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El 2016 se vislumbra como un año en el cual la justicia que demandan los pueblos indígenas en Guatemala, nuevamente, se pondrá a prueba. El 11 de enero está programado la reanudación del juicio por genocidio, el cual se convirtió en un proceso neutralizado y diluido luego que el tribunal decidiera que ante el estado mental de Efraín Ríos Montt, este enfrentaría un juicio especial, donde de ser encontrado culpable solamente se otorgarían medidas de seguridad y corrección. Este proceso especial requiere que las audiencias se realicen a puerta cerrada sin accesos al público y medios de comunicación. Además, permite que los acusados sean representados por sus abogados. El año pasado las tácticas dilatorias de la defensa lograron postergar el proceso un año, queda ver si en esta ocasión existe algún avance.

Posteriormente, el 1 de febrero iniciará el debate oral y público en contra de dos militares: el coronel retirado Estelmer Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Azij, acusados de los delitos de esclavitud y violencia sexual contra 11 mujeres q’eqchi’ de Sepur Zarco, caserío de El Estor, departamento de Izabal. Una de las regiones más pobres y olvidadas de Guatemala. Ambos tenían bajo su responsabilidad el destacamento instalado en esa región en donde las mujeres fueron convertidas en esclavas sexuales y domésticas durante seis años.

Este último proceso es clave porque se enfoca en la violencia sexual, la cual fue utilizada en el conflicto armado como arma de sujeción. Acto cruel e inhumano que los informes de la verdad no pudieron, ni fueron capaces de investigar. Los impactos de crímenes de guerra y en especial de violencia sexual persisten y afectan no solo a las mujeres sobrevivientes, quienes viven estigmatizadas, sino que redefinen sus relaciones sociales, familiares y de descendencia. Estas 11 mujeres sobrevivientes desafiarán múltiples frentes: primero, una sociedad racista y conservadora que no valora la vida indígena. Segundo, un gobierno militar conservador liderado por los militares responsables de delitos de lesa humanidad con poder político sobre el sistema de justicia y finalmente, un Estado que históricamente ve como desechable el cuerpo “indio”. Especialmente si se trata de una mujer.

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