Lunes 24 DE Junio DE 2019
Opinión

El amparo es un medio de defensa de los gobernados

Funcionarios han presentado amparos contra particulares.

 

Fecha de publicación: 07-12-15
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

El amparo es un derecho de acción expedito que tiene toda persona física o jurídica, como gobernado (particular), de acudir ante el poder Judicial, para que se restablezca la vigencia de sus derechos fundamentales, cuando estos se vieren amenazados o violados por los gobernantes (agentes, oficiales u operadores del régimen de gobierno, órganos o entes estatales, funcionarios públicos) o por quienes ejercen autoridad, o sea por aquellos que tienen la obligación de hacer cumplir las leyes con apego a lo que ordena la Constitución y la misma ley.

De suerte que el amparo es una garantía que protege y defiende los derechos inherentes a los gobernados, es decir de las personas que están sometidas a un régimen de gobierno o de autoridad, y que deben acatar y cumplir las leyes. Luego, el amparo, en rigor, no puede asumirse como un medio de defensa de los gobernantes, en ejercicio de autoridad.

En ese sentido, la Constitución dispone: “Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido”. Las “personas” son los particulares (la gente común y corriente), que son los únicos que tienen derechos fundamentales (derechos inherentes a la persona humana y su circunstancia). Los gobernantes (autoridades), por el contrario, tienen atribuciones, facultades y funciones asignadas por la Constitución y la ley.

Sin embargo, en nuestro país se ha vuelto práctica común que los funcionarios, en ejercicio de autoridad, utilicen el amparo cuando otra autoridad estatal rechaza sus acciones o pretensiones planteadas contra particulares, después de agotado el debido proceso, o cuando, a juicio de ellos, se les niega, limita o impide el ejercicio de las facultades o funciones que les están asignadas. Incluso, los funcionarios han llegado al extremo de accionar de amparo directamente en contra de particulares, lo cual es una completa aberración.

Sin duda, estas actitudes están desnaturalizando el amparo, porque éste, como ya indiqué, es una garantía constitucional para defender los derechos fundamentales de los gobernados y no para proteger los intereses de los gobernantes, como depositarios de autoridad.

Se ha vuelto común, por ejemplo, que los funcionarios, después de haber sido vencidos en la vía administrativa, contencioso administrativa y casación, accionen de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y que ésta los ampare por violación de sus “derechos”.

Por otro lado, la Constitución establece que es función de la CC “conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad”, por lo que la CC debe dirimir, por esta vía y no del amparo, cualquier disputa, enfrentamiento, desencuentro, colisión, disparidad, choque o desacuerdo relacionado con potestades, funciones, competencias, facultades o atribuciones en el ejercicio del poder público.

Tampoco compete a los funcionarios, en ejercicio de autoridad, accionar de amparo en defensa de los intereses particulares o colectivos. Conforme la Ley de Amparo, solo el Ministerio Público (MP) y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) tienen legitimación activa para accionar de amparo con fin de proteger los intereses que les han sido encomendados (y no de sus propias funciones). La función principal del MP es velar por el estricto cumplimiento de las leyes, en tanto que la del PDH es defender los derechos humanos.

En conclusión, debe ponerse un alto al uso del amparo por parte de los funcionarios, en ejercicio de autoridad, para hacer valer sus acciones o pretensiones planteadas contra particulares, después de agotado el debido proceso, así como para evitar que sus atribuciones y potestades sean menoscabadas, porque, además de no ser un medio de defensa idóneo para ellos, desvirtúa la institución del amparo.