Miércoles 14 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Tropezones

La riqueza que se alcanza pisoteando la ley, enterrando la integridad y manipulando el poder público, la pobreza de los responsables se pinta a cabalidad.

— Marta Altolaguirre
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No cabe duda que buena parte de los guatemaltecos mantenemos atención constante en los acontecimientos que contribuyen o frenan los avances nacionales, en especial aquellos que fortalecen a las redes corruptas enraizadas en el país. Queremos que prevalezca el sentido ético en la política desde dentro o fuera del Estado.

Un evento que una vez más destaca por las trágicas consecuencias para la población, es la falta de voluntad y decisión para fortalecer el sistema de justicia y rescatar el control del sistema carcelario. La falta de cobertura de los órganos del sistema incide en los índices de criminalidad y de impunidad ante la falta de acceso a la justicia.

El descontrol interno de las prisiones y centros de detención como lo sucedido en la Granja Penal Canadá, alimenta la creciente adherencia al patrón delictivo como forma de vida que por cierto tiene todo su desprecio, es alimentado por la tan común paternidad irresponsable, el consumo de drogas y el acceso a armas de fuego, que motiva a muchos jóvenes a destruir la vida de cualquier persona u objeto que limite sus metas cortoplacistas, egocéntricos y salvajes. De allí la proliferación de asesinos y bandas delictivas como el caso reciente, en la Granja Penal Canadá. Patético que los peores criminales hayan descuartizado a otros jóvenes delincuentes.

Pero otro tema que ha alterado válidamente a la ciudadanía es la reciente renuncia de dos abogados costarricenses, Christian Ulate, abogado litigante y concretamente en el tema de la corrupción judicial, y Cristian Gamboa, ex jefe de la Unidad de Análisis e Información de CICIG quienes hasta pocas semanas atrás integraban el equipo de profesionales de esa instancia, pero que decidieron sustituir su cargo para conformar un bufete de asesoría legal (no litigante), según afirman.

Lamentablemente, las informaciones publicadas días atrás (elPeriódico, 26-11, Pág. 4) relacionan a los integrantes de ese nuevo bufete, con el abogado Roberto López Villatoro, Rey del tennis, de conocida trayectoria cuestionable, manipuladora y oportunista, con un hermano diputado que lo respalda, quienes han mostrado su decisión y habilidad para maniobrar en espacios de poder y beneficiar a sus protegidos o allegados.

Si a lo anterior se suma el nombre del promotor del bufete, el señor José María Coma, con su exitosa trayectoria en el sector público (la gerencia de Comcel) y su magnífico status financiero, por supuesto dan elementos para dudar de los motivos para la formación de ese nuevo bufete.

Cae por su peso la desconfianza que provoca el repentino e inexplicable cambio desde un servicio profesional en el que tanto se puede contribuir al progresivo éxito de CICIG y de las instituciones nacionales, hacia un ejercicio profesional privado que solo beneficiará a individuos cuestionados.

Uno se pregunta qué pudo haber provocado un mayor aliciente al de-sempeño profesional, que el aporte de las propias capacidades y conocimientos en el marco de una tabla de salvación, CICIG-MP, dirigidos a rescatar a un país como Guatemala, cuyos ciudadanos aplauden los avances en el combate a la corrupción y la impunidad.

Qué puede ser tan motivante para renunciar a ese espacio de realización óptima en la búsqueda del imperio de la ley, en un ejercicio profesional, que además de ser muy bien remunerado, potencializa las facultades personales y la satisfacción de aportar al éxito institucional. Difícil de entender.

En otra línea de pensamiento, resulta deplorable que las regulaciones para el personal de CICIG, no haya contemplado limitaciones para la movilización desde su función institucional hacia el ejercicio profesional en el ámbito privado.

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