Lunes 19 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Elección de magistrados de la CC

— EDITORIAL
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En el primer trimestre del año entrante se elegirá a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), cinco titulares y cinco suplentes, que tomarán posesión el 14 de abril de 2016, para un período de funciones de cinco años.

Las instituciones u órganos encargados de designar a los magistrados de la CC, cada uno a un titular y un suplente, son: Corte Suprema de Justicia (CSJ), Presidente en Consejo de Ministros, Congreso, Consejo Superior Universitario (Usac) y Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

El 14 de abril de 2016 se iniciará el séptimo período de funciones de la CC, desde que esta fue instalada bajo el actual régimen constitucional. Es decir que cuando tomen posesión los nuevos magistrados, la CC estará celebrando su trigésimo aniversario (1986-2016).

Para ser electo magistrado de la CC, además de los méritos de capacidad, idoneidad y honradez exigidos para ocupar cargos públicos en general, se requiere ser guatemalteco de origen, abogado colegiado activo, de reconocida honorabilidad y tener, por lo menos, 15 años de graduación profesional. Los magistrados deben ser escogidos preferentemente entre abogados con experiencia en la función y administración pública, magistraturas, ejercicio profesional y docencia universitaria, según sea el órgano que lo designe. De conformidad con la Ley de Amparo, la designación de magistrados por la CSJ, el Congreso, el CSU-Usac y la asamblea del CANG debe ser por mayoría absoluta de votos, en tanto que en el Ejecutivo no debe haber oposición de la mayoría de los ministros.

Por otro lado, la Ley de Comisiones de Postulación estipula un procedimiento de selección transparente, equitativo y basado en el mérito y la ética, que debería ser adoptado para la designación de magistrados de la CC. Además de una convocatoria general y de una vigilancia ciudadana del procedimiento de escogencia, la votación en cada órgano elector debería ser pública, después de un amplio debate sobre la capacidad, honradez e idoneidad de los candidatos, también público, por supuesto. También debería darse por descontado que los miembros de cada órgano elector no puedan ser postulados como candidatos a magistrados de la CC, porque nadie puede ser juez y parte en un asunto. Además, deben evitarse en todo momento los conflictos de interés.

Sin duda, la justicia constitucional es fundamental en una democracia institucional, por lo que la misma debería estar administrada por magistrados honorabilísimos, altamente ilustrados, con criterio independiente y cuya capacidad sea indiscutible.

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