Viernes 16 DE Noviembre DE 2018
Opinión

El verdadero test de la justicia

¿Quién se apunta a pagar?

— Édgar Gutiérrez
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Iván Velásquez, el reconocido comisionado de la CICIG, tocó un nervio muy sensible. No es el de los aparatos criminales, ni el de las redes mafiosas ni de corrupción, a lo que ya nos tiene acostumbrados, y por lo cual ganó un prestigio irrebatible. Velásquez se refirió públicamente a la necesidad de pagar impuestos directos (el que tiene, paga), un nervio que hace saltar de la silla a más de algún sector, no obstante que los beneficios de una fiscalía independiente están a la vista.

El déficit acumulado en el presupuesto del MP es una amenaza a la justicia y la sostenibilidad de la lucha contra la impunidad. En los últimos cuatro años el Congreso no aprobó Q2 mil 500 millones que la Fiscalía General necesitaba, y por si fuera poco el Ministerio de Finanzas ha dejado de pagarle Q500 millones sobre presupuestos ya aprobados. Por otro lado, si el MP quiere ampliar sus fiscalías municipales de 34 actuales (diez por ciento de los municipios del país) a 108 proyectadas en lugares estratégicos hacia el 2019 (un tercio de los municipios), requiere por lo menos Q400 millones.

Si la objeción es rotunda a financiar extraordinaria y temporalmente al poder público de mayor legitimidad, ¿qué va a ocurrir cuando en el Congreso eventualmente se discutan tributos para levantar los hospitales, habilitar las escuelas y recuperar la red vial? Por lo general nuestro conservadurismo nos lleva a aborrecer los tributos y condenar la deuda. Es cierto, quienes así piensan tienen todos los argumentos servidos: la corrupción ha destrozado las instituciones, incluyendo a la encargada de recaudar tributos, la SAT; el dispendio es inenarrable; la ausencia de objetivos y prioridades es proverbial, y el financiamiento es un monumento a la ineficiencia, como se puede ver en el destino de los bonos propuestos en el Presupuesto de 2016: seguir apalancando al saqueado IPM y compensando las pérdidas cambiarias del Banco de Guatemala, entre otros.

Pero, ¿qué hace un Estado en bancarrota si no cobra impuestos ni se puede endeudar para emprender grandes empresas de beneficio general? No se requiere evidencia científica: el postrado muere de inanición. ¿Quién reina sin un Estado social ni legal? Lo podemos testimoniar desde hace años: el caos y los bandidos. Así que nuevamente estamos ante los límites del compromiso proclamado, el nacionalismo retórico, y el exigido imperio de la ley. Y los únicos que celebran nuestra ceguera y egoísmo, son quienes han crecido bajo esa frondosa sombra: los criminales.

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