Viernes 21 DE Septiembre DE 2018
Opinión

El Bono Revolucionario en la picota

— EDITORIAL
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El presidente electo, Jimmy Morales, durante una visita realizada el pasado sábado a Petén expresó que donará el 60 por ciento de su salario mensual para educación, cultura y deporte, siguiendo con ello los pasos del vicepresidente, Juan Alfonso Fuentes Soria, quien ha venido donando la mitad de su sueldo para programas sociales.

Estas decisiones encomiables contrastan con la decisión irresponsable adoptada por la magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), licenciada Gloria Porras, quien otorgó el denominado “Bono Revolucionario” a 288 funcionarios y empleados de la CC, que supuso un desembolso adicional de Q3.2 millones, provenientes de las raquíticas arcas nacionales.

Según informaciones de prensa, la licenciada Porras justificó el otorgamiento del “Bono Revolucionario” diciendo que era una suerte de premio a la “productividad” de los funcionarios y empleados de la CC, entre quienes se incluye ella, como magistrada presidenta (autoevaluada), y los otros magistrados, quienes, dicho sea de paso, son los mejor pagados en el sector público.

El “Bono Revolucionario”, equivalente al cien por ciento del salario mensual, es una prestación adicional al Bono 14 (Decreto # 42-92 del Congreso), también equivalente al cien por ciento del salario mensual, y al Aguinaldo (Decreto # 76-78 del Congreso), que equivale, asimismo, al cien por ciento del salario mensual.

Dicha prestación extraordinaria no fue producto de una negociación colectiva entre trabajadores y la magistrada Porras, toda vez que en la CC no existe sindicato ni asociación profesional alguna. Por tanto, fue una decisión unilateral de la licenciada Porras, presuntamente en pago por la “productividad” de los funcionarios y empleados de la CC, aunque no hubo parámetros de medición de la misma, ni tampoco una evaluación con tal propósito.

Además de que el “Bono Revolucionario” es una prestación laboral adicional que tiene incidencia económica en la indemnización de los servidores públicos beneficiados al terminar sus respectivas relaciones individuales de trabajo, no estaba previsto en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la CC para el ejercicio 2015, aprobado por el pleno de los magistrados titulares de la CC, ni tampoco fue decretado por este, ya que, como ya advertimos, fue otorgado unilateralmente por la presidenta Porras.

Esto último amerita la inmediata intervención de la Contraloría General de Cuentas, a fin de reparar el referido desembolso, sin perjuicio, por supuesto, de la deducción de las demás responsabilidades legales que corresponde.

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