Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Los comités cívicos electorales (parte II)

Cada una de las reformas debe ser objeto de debate y profunda reflexión.

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Planteábamos en el artículo anterior que la gana de permitir que puedan constituirse comités cívicos electorales para postular candidatos a diputado y que, incluso, pudieran tener un carácter permanente, obedece más que a la sana intención de hacer más fácil la participación política a la no tan sana –¿Interés, cuánto vales?– de facilitar las candidaturas –para sí mismos– aquellos que no han sido capaces de organizar un partido político –para el caso de que ninguno de los existentes les satisfaga– o, si no fuere este el caso, de ganar espacios de decisión en los partidos existentes y, así, hacíamos ver que un comité cívico electoral, con carácter permanente, no sería otra cosa que un “partidito” o, incluso, “partidote” pero limitada su acción electoral a un solo distrito.

¿Por qué, si se les permite en uno, por qué no en varios? “Comités cívicos electorales multidistritales”.

¿Por qué no –mejor– comités cívicos electores de carácter nacional que fueran capaces de hacer todo cuanto hacen lo partidos, pero sin serlo? ¡A la grunn!

¿Por qué no permitir que el ciudadano, sin necesidad de tecomates para nadar –sin necesidad de comités cívicos o de partidos, pudiera inscribirse como candidato para optar a cualquiera de los cargos?

¿Por qué no –mejor incluso– empoderar al elector de tal forma que –sin que nadie sea postulado por agrupación alguna, comité cívico o partido, e –incluso– sin que se postule nadie por sí mismo, sea el propio elector –sin candidatos inscritos ¿Para qué? quien escriba por quién vota. (Erradicado el analfabetismo, sería posible…).

Llegábamos en el artículo anterior, así, a las más pintorescas utopías con el propósito de poner al descubierto el absurdo de que comités cívicos electorales

–partiditos– vengan a suplantar (mal suplantar) a los partidos políticos.

Algunos pretenderían asociar la propuesta de los comités cívicos electorales que pudieran postular candidatos a diputado, con el sistema de distritos electorales pequeños en los cuales se disputa una sola diputación y en los cuales –tal la necesaria consecuencia– se gana o se pierde, adjudicada la única en juego al ganador, sin que se dé la representación de minorías. Sin embargo, esta asociación es incorrecta ya que el sistema de distritos pequeños existe en países con sólidas tradiciones partidarias como lo son los Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y no precisa de que existan “comités cívicos electorales que postulen diputados”: partiditos o partidos solapados –de por medio.

Se plasmaron en esta columna, primera parte, y en esta, su segunda, algunas ideas válidas y otras que resultan absurdas o, por lo menos, utópicas, ideas que expuse y que vuelvo a exponer con el ánimo de evidenciar, simplemente, la complejidad de este tema. Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos no se trata de soplar y hacer botellas.

Resulta importante recalcar que cuando se haga una reforma de esta ley, se debe empezar por el principio, corrigiendo su propio nombre y ajustándolo a aquel que le resulta obligado de conformidad con lo que manda la Constitución Política de la República: Ley Electoral (a secas), Ley Electoral (y punto) ¿A cuenta de qué, el agregado, “y de Partidos Políticos”?

Ley Electoral: Tal el nombre que debe tener esta ley y que le basta y sobra.

Por lo demás, lo que queda de este y –más aún– lo que será el primero de los cuatro años y, a lo sumo, la mitad del nuevo gobierno, son los momentos adecuados para que se trate todo lo referente a la Ley Electoral y se logre la reforma, no siéndolo–en absoluto– los de última hora, cuando el próximo proceso electoral, por ejemplo se encuentre convocado.

Dicen que los extremos se tocan y, así, de las mismas fuentes, surgen “ideas” absolutamente contrapuestas como aquella que inspirada en que solo deberían existir dos partidos políticos, y a lo sumo tres, propone que se incremente a un mínimo cien mil sus afiliados, olvidando que un número menor, cincuenta mil, nos introdujo ya una vez –a lo largo de casi todo el conflicto armado– a un mundo de trágicas fricciones, amén de que la necedad de una afiliación mínima se ha evidenciado inoperante: Abundan los partidos que, a la hora de rajar ocote, a la hora de las elecciones, han sacado menos votos –incluso– que los afiliados que las autoridades electorales les reconocieron que tenían…

¿Queremos una buena Ley Electoral? Pues trabajémosla, con tiempo

–despacio, que tengo prisa– desprovista de inconstitucionalidades y de absurdas ocurrencias. Amén.

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