Viernes 24 DE Mayo DE 2019
Opinión

Otro presupuesto desfinanciado

Fecha de publicación: 11-11-15

La Comisión de Finanzas Públicas del Congreso propondrá al Pleno que se apruebe un Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el año 2016, por Q70 millardos (miles de millones), es decir Q2 mil 432 millardos menos que lo propuesto por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), con un déficit fiscal que, según expertos, podría exceder del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que, inequívocamente, se financiará con más deuda pública.

De acuerdo a las “cuentas del gran capitán” del Minfin, los ingresos tributarios alcanzarán Q54.7 millardos (que este año no llegarán a los Q50 millardos) y la brecha de gasto (más allá de los ingresos propios) será financiada mediante la contratación de nuevos préstamos por Q3 millardos y Q11.6 millardos en Bonos del Tesoro.

Como podrá advertirse, tanto el gobierno como el Congreso se resisten a reducir el descomunal, incontenible e incontrolable gasto público y, como la recaudación tributaria no levanta, gracias al “mamarracho tributario” aprobado en 2012, que se centró en gravar con más ISR a la clase media y en sabotear la recaudación de IVA y la recaudación aduanera, por lo que está recurriendo a endeudar más al país, con el concurso de la banca internacional de desarrollo, que se esfuerza por alquilarle más dinero al Estado.

El gobierno y el Congreso tampoco están comprometidos con la transparencia y la optimización el gasto, sino que todo lo contrario. Su enfoque es eminentemente cuantitativo y no cualitativo.

Nada se plantea para que exista un mayor control del gasto, una mejor gestión o calidad del gasto, ni para que cese el derroche, la opacidad, la discrecionalidad y la corrupción en el sector público.

Además, las transferencias presupuestarias han desvirtuado el concepto de presupuesto programático y aseguran un gasto descontrolado, desordenado y no fiscalizable. Esto último es tan cierto que la misma Contraloría General de Cuentas ha señalado que le es imposible controlar el gasto a través de fideicomisos, oenegés, fondos y demás entidades que operan en el sistema paralelo de gasto público.

En conclusión, mientras el mundo entero se concentra en la racionalidad del gasto y el crecimiento económico, en Guatemala los politiqueros y los militantes tributarios (que ya están afinando otro paquetazo tributario) se esfuerzan en gastar más y en seguir hipotecando al país, en otras palabras, en continuar gastando más sin que con ello mejoren los servicios públicos.