Miércoles 22 DE Mayo DE 2019
Opinión

Visión sensata de la ciudadanía

No a la presencia de personajes cuestionados en el Organismo Ejecutivo y Legislativo.

Fecha de publicación: 04-11-15
— Marta Altolaguirre

Aun cuando sigue siendo mayoritario el número de ciudadanos honestos que a distinto nivel ocupan cargos dentro del Estado, es evidente que el deterioro moral de otros muchos, (demasiados), ha colocado al país en una situación absurdamente inestable y riesgosa, dada la facilidad con la que las instituciones que suponen servir a todos los guatemaltecos y velar por la superación nacional, se han desviado hacia una gestión que da prioridad al enriquecimiento garantizado y veloz de ciertos personajes.

Quienes aprovechan el cargo que ejercen con el objeto de multiplicar sus ingresos (al amparo de empresas dirigidas por testaferros) y que obtienen contratos millonarios, viáticos ridículos, cuotas adicionales por trabajar en ejes específicos aun cuando son parte de sus obligaciones, como sucede en el Congreso de la República.

Y es que vemos cómo esos que persiguen los privilegios del nepotismo y compadrazgos se asocian con personas particulares con quienes reparten ganancias jugosas obtenidas a través de los contratos espurios y descaradamente sobrevalorados;

Resulta así, que todos ellos le juegan la vuelta a la ley, para eludir los mecanismos de licitación transparente que permitiría al Estado lograr la mejor calidad al menor precio; todos ellos, deben ser expulsados del servicio público.

Debemos estar claros que por mucha legislación que se implemente, si el país está en manos de amorales oportunistas, por mucho que se legisle, siempre se va a concretar el que “hecha la ley, hecha la trampa”.

Si a lo anterior agregamos la secuela histórica de ineficiente función de la Contraloría General de Cuentas, la insuficiencia de recursos que limita la función del Ministerio Público, especialmente hoy, cuando se cuenta con una Fiscal General decidida a cumplir sus obligaciones, y que con toda solvencia se ha referido al necesario incremento al presupuesto de tan esencial institución, resulta indispensable, que en tanto no se logra superar las debilidades institucionales, se parta de una prevención elemental: Rechazar a cualquier persona sobre la cual pesen evidencias de deshonestidad.

Y es que no bastan las experiencias pasadas para dar crédito a “expertos”, que paralelamente se hubiesen aprovechado en su paso por el Estado para un enriquecimiento inexplicable, para favorecer negocios familiares y otras redes afines, (de las cuales ya se han conocido algunas, gracias a MP-CICIG y el liderazgo de la Fiscal Aldana y el Comisionado Velásquez), sobre todo si sus nombramientos fueron consecuencia de negociaciones con funcionarios poderosos aunque ya hayan sido señalados por la acumulación de una riqueza inexplicable.

En fin, el tema viene al caso por la denuncia reciente de IPNUSAC contra el economista José Ramón Lam, asesor del presidente electo y las evidencias de plagio de textos que han sido reproducidos en diversos medios. Mucho se ha comentado al respecto y resulta obvio que la ciudadanía sí demanda una tolerancia cero en casos semejantes.

El presidente electo, puede equivocarse como cualquier ser humano y sobre todo cuando se encuentra en una etapa de intensa actividad preparándose para asumir un liderazgo nacional como jefe del Estado.

Los ciudadanos que creemos en su buena fe y su disposición de lucha contra la corrupción, queremos ver una línea clara entre la conducta vertical que él sostiene y su mensaje de rechazo a la conducta retorcida de cualquier elemento de su equipo.

De hecho, lo que esperaríamos es que el señor Lam, si está identificado con la oportunidad de superación de Guatemala se retire por decisión propia en tanto no resuelva su situación.

Porque la realidad, es que cualquier señalamiento de violación a la ley debe atenerse a las normas del debido proceso y por supuesto respetar la presunción de inocencia en tanto no se encuentre culpable al sindicado.

Pero también es requerimiento válido la exigencia de vivir conforme a valores y la ética requerida en momentos tan determinantes para el futuro del país. Por eso, la posición de muchos ciudadanos es precisamente la tolerancia cero a cualquier evidencia de irrespeto a la ley y el desvío de la transparencia que tan necesaria es en estos momentos.