Viernes 19 DE Julio DE 2019
Opinión

La reforma del Congreso

Un tema toral de la agenda de reforma institucional.

Fecha de publicación: 03-11-15
Por: Phillip Chicola

Desde que estalló la crisis política, se identificó la necesidad de promover una reforma del Estado, que permitiera atender las causales de la cooptación institucional del aparato estatal. La agenda original constaba de cuatro marcos normativos: la Ley Electoral, la Ley de Compras y Contrataciones, la Ley de Servicio Civil, y la Ley de la Carrera Judicial.

No obstante, se olvidó incluir la reforma institucional del Congreso de la República. Para nadie es secreto que el Congreso es la institución peor evaluada del Estado, y que en años recientes ha degenerado en un centro de corrupción y negociaciones espurias. Ante ello, es importante plantear una reforma al régimen interior, que haga más eficiente el trabajo de la institución y fortalezca las funciones representativas y fiscalizadoras de los diputados.

El primer punto de la reforma debe partir de fortalecer la función de representación de los diputados. Y para ello, es necesario revisar variables como el tamaño del Congreso, el sistema de elección, y la potestad de reelegir diputados. Aquí no hay receta clara. Si bien el consenso apunta hacia reducir el tamaño del Legislativo, también hay que tener cuidado con la reforma, puesto que si se mantiene el mismo sistema de elección (por distritos y listas cerradas), un Congreso con menos de 80 diputados favorecería la conformación de aplanadoras. Por ello, la reforma ideal sería un Congreso de 100 a 120 diputados, electos por sistema de listas semiabiertas, que le permita al ciudadano votar específicamente por los diputados de su elección.

El segundo eje está relacionado con el funcionamiento interno del Congreso. Por lo menos unas 30 comisiones legislativas parecieran innecesarias a la luz de sus resultados. De tal manera, no solo es necesario reducir el número de comisiones, sino también, es necesario que aquellas que no conozcan legislación, establezcan un plan específico de fiscalización.

Un tercer eje implica limitar los casos de la aprobación de legislación por “urgencia nacional”. El abuso de dicha práctica por el Patriota, ha desvirtuado el proceso legislativo, que aspira a generar discusiones profundas, técnicas y de constitucionalidad, sobre la legislación aprobada.

Un cuarto eje de reforma requiere de rescatar y redefinir la institución de la interpelación. De ser utilizadas para bloquear agenda y chantajear al Ejecutivo, las interpelaciones prácticamente quedaron anuladas con los precedentes 1-2013 y 2-2013, que facultan al pleno a suspender las mismas con el voto favorable de 105 diputados. Por ello, es importante establecer días específicos para las interpelaciones, y permitir que se lleven a cabo con cuórum reducido, para evitar así las marrullerías de los partidos oficiales para evitar juicios políticos contra funcionarios del Ejecutivo. Pero además, la interpelación debe vincularse a las citaciones. Es decir, que la interpelación solo pueda ocurrir como consecuencia de citaciones previas –de bancadas o comisiones– ante hallazgos significativos, lo cual aspiraría a reducir el abuso de las mismas por parte de partidos opositores chantajistas.

Todo lo anterior debe coronarse con un régimen interior que separe las funciones políticas de la Junta Directiva, de las administrativas, y que permita sancionar a diputado por inasistencias.