Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Exigida explicación

Carezco, esta vez, de elementos de juicio suficientes pero –al oído– me parece ilegal e, incluso, delito, que se impida posesionar como directivo del IGSS a la persona designada por la Usac.

— Acisclo Valladares Molina
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Si le corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala la designación de uno de los miembros de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así como la de uno de sus suplentes y si la Universidad ya los ha designado –satisfechos por esta todos los requisitos legales para hacerlo– me parece que los restantes miembros de esa Junta Directiva –e incluso la Junta Directiva en pleno– carece de facultades para impedir que los designados accedan a sus cargos y, es más, para el caso de que no se hubieren satisfecho por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala todos los requisitos legales para hacerlo, no le es dable a la citada Junta Directiva hacerla de Juez, y dirimir las diferencias jurídicas que pudieran existir, arrogándose facultades para sí que solo le corresponden a los Tribunales de Justicia.

Si algún requisito legal faltase en los nombramientos, estos podrían ser impugnados pero, en tanto no se haga y se les deje en suspenso, estos tienen plena vigencia y deben ser ejecutados.

Constituye delito todo acto contrario a la Constitución Política de la República y la resistencia de las autoridades del IGSS a acatar lo resuelto por la carolingia, dentro del ámbito de las funciones y de las potestades que a esta le competen, atenta en contra de su autonomía y, en consecuencia, de la propia Constitución de la República, actuación que, sin más, constituye delito.

Debo reiterar que si tuvieren alguna irregularidad los nombramientos, estos son susceptibles de impugnación y es más, si tal fuere el caso, deben impugnarse, impugnaciones que deben resolver los órganos administrativos y judiciales que resulten pertinentes –incluso en amparo– pero no la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, carente esta de facultades para calificar –por sí y ante sí– lo decidido por la Universidad de San Carlos.

Para el caso de que estuviese yo equivocado –lo estaríamos muchísimos guatemaltecos, que conste– atenidos todos al igual que yo a la información que se ha servido sobre el tema –considero de especial importancia que las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social den una clara explicación de lo ocurrido y de los elementos que, a su juicio, pudieran justificar su proceder–, elementos debidamente sustentados en la ley.

Mi sexto sentido jurídico me dice que no existirá explicación razonable alguna y que no se encontrará asidero jurídico de ninguna naturaleza para que resoluciones de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social puedan hacer inoperante lo resuelto por la Universidad de San Carlos de Guatemala y, si es así, si no existe fundamento, bueno será que las autoridades del Instituto ajusten sus actos a las leyes –lo que siempre debieron, deben, y deberán hacer pero, con mayor razón, e incluso, por elemental sentido de lo político– en momentos como los actuales en los que el proceder de sus directivos y de la institución sufren entredicho.

Me anticipo a decir que, de encontrarse norma que atribuya semejante potestad a la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la de calificar los actos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como autoridad nominadora, se trataría de una norma inconstitucional que habría de ser expulsada de nuestro ordenamiento jurídico.

Se me ha dicho que la tasa de mortandad comparativa entre los pacientes que recibían servicios de diálisis por parte de la entidad que los prestaba con anterioridad a la del contrato cuestionado que la vino a sustituir, era mayor, que la habida en este, así como que, muy por encima, en aquella, el precio de prestarlos, y que en todos estos asuntos del IGSS existe mucha tela que cortar, pero la verdad de las cosas es que actos como el criticado en esta columna no coadyuvan –en absoluto– para que pueda realizarse una correcta evaluación.

Los atropellos en contra de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de Edgar Balsells, son inadmisibles y agudizan el entredicho del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de sus autoridades.

La creación del IGSS es una conquista de la Revolución de 1944 –la Revolución plural del 20 de octubre de 1944– (asesinada el 18 de julio de 1949 con el asesinato de Francisco Javier Arana) y, curiosamente, han sido solo dos los presidentes que han honrado la cuota que, como tal, le corresponde pagar al Estado al sistema de seguridad social, siendo estos Juan José Arévalo Bermejo (1945-1951) y Carlos Castillo Armas (1954-1957), en tanto que Jacobo Árbenz Guzmán, por ejemplo, omitió el pago y comprometió su autonomía, nefasto precedente que ha sido seguido por varios mandatarios contra la norma constitucional expresa que lo ordena: acto contrario a la Constitución y, en consecuencia, delito.

¿De qué sirven las leyes, si las leyes no se cumplen? Amén.

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