Miércoles 20 DE Marzo DE 2019
Opinión

Le toca a Colom

— editorial
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El exgobernante Álvaro Colom, después de concluir su periodo presidencial (2008-12), asumió como diputado no electo del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por un periodo de cuatro años (2012-6), que vencerá el 14 de enero de 2016, durante el cual ha gozado de inmunidad (impunidad), que se traduce en la imposibilidad de que sea imputado penalmente sin que previamente el Parlacen declare que ha lugar a formación de causa penal en su contra.

Por cierto, el excanciller Haroldo Rodas, a principios del régimen de Colom (2008), logró que se reformara el Tratado del Parlacen para que se restableciera el derecho de antejuicio a favor de los diputados al Parlacen en sus respectivos países, que la Corte de Constitucionalidad (CC), en una resolución consecuente, había suprimido. Esta reforma fue impugnada posteriormente ante la CC, pero esta cambió de opinión y la dejó vigente.

Empero, la Constitución establece que la responsabilidad criminal se extingue por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena; y, asimismo, que la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo plazo es de 20 años.

Por tanto, está por llegar el día en que a Colom le tocará responder por los despropósitos e infracciones a la ley incurridos durante su errática gestión gubernativa, entre los cuales se encuentran los siguientes: 1) La sobrevaloración millonaria de los buses del Transurbano adquiridos en Brasil; 2) El financiamiento electoral ilícito del partido UNE con fondos del narcotráfico y de la corrupción, denunciado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); 3) La infiltración del crimen organizado en la estructura gubernativa, a la cual se refirió el diputado Mario Taracena (UNE) como cosas “gruesas, pero gruesas” y que Colom no denunció porque se lo aconsejó una supuesta “mesa de crisis”, cuya integración deberá revelar; 4) Las ilegales transferencias de partidas presupuestarias de los ministerios a los programas clientelares impulsados por el Consejo de Cohesión Social, así como el gasto discrecional y oscuro a través de Fonapaz, a cargo de Obdulio Solórzano, y de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, a cargo de Salvador Gándara, al cual se refiere el exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, en su libro Rendición de Cuentas; 5) El reiterado trasiego de dinero a través de la oficina de Protocolo del Aeropuerto La Aurora; 6) La alteración del orden constitucional para que su exesposa, Sandra Torres, se convirtiera en jefa de gobierno “informal”, también denunciada por Fuentes Knight; 7) El fraude de ley que se consumó mediante el divorcio de Colom y Torres para que esta pudiera presentarse como candidata presidencial; 8) El cabildeo ante la Corte Centroamericana de Justicia, a través del excanciller Haroldo Rodas, con miras a que dicha Corte revocara la sentencia de la CC que impidió la inscripción de Torres como candidata presidencial (2011); y 9) La injerencia descarada del oficialismo en la elección de magistrados.

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