Jueves 15 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Más allá de El Cambray II

No basta con idear ingeniosos mecanismos para facilitar el acceso a la vivienda a quien no la tiene.

— Hugo Maul R.
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Detrás de lo ocurrido en El Cambray II subyace una complicada problemática económica que generalmente no se considera en toda su dimensión al momento de analizar posibles soluciones a este tipo de problema. Mucho se ha insistido en la falta de ordenamiento territorial como una de las causas principales detrás de este tipo de problemas. Si bien una mejor regulación del uso del suelo ayudaría, en principio, a resolver este tipo de problemas, no existe garantía alguna que la misma se vaya a cumplir al pie de la letra en cada caso y en todo momento. Tal y como sucede en muchos otros casos, cuando la regulación no toma en cuenta en su justa dimensión, o pretende ir en contra, una lógica económica básica, lo más probable es que quienes resulten afectados por este tipo de mandatos busquen formas de evadirlas. Si, además, las autoridades respectivas no cuentan con suficientes medios o poder coercitivo para hacer que las mismas se cumplan, lo más probable es que la simple existencia de la norma no baste para garantizar el resultado que se desea.

En ese orden de ideas, por más que parezca una solución directa y relativamente fácil, limitar o impedir la construcción de viviendas en áreas de alto riesgo no bastaría para impedir que se pueblen barrancos, cauces de ríos, laderas empinadas u otro tipo de terrenos poco seguros para los asentamientos humanos. Sobre todo, cuando los derechos de propiedad sobre este tipo de terrenos no están claramente definidos y no se cuenta con los medios para impedir la ocupación ilegal de los mismos o asegurar su desalojo. Lo cual, luego, genera graves problemas de certeza jurídica de la propiedad sobre las viviendas y el suelo en este tipo de terrenos, factor que limita grandemente la posibilidad de movilización de quienes ahí habitan al carecer de medios legales para comprobar su propiedad. Por otro lado, el problema tampoco se resuelve fácilmente mediante programas de vivienda social, como tanto se ha dicho últimamente. La decisión de habitar en áreas de alto riesgo en una gran ciudad no obedece únicamente a la falta de acceso a viviendas de bajo costo en áreas de menor riesgo. Buena parte de esa decisión tiene que ver con facilidad de acceso a servicios como agua potable, luz, transporte público y, sobre todo, a oportunidades de trabajo para los adultos y educación para los hijos.

En ese sentido, no basta con idear ingeniosos mecanismos para facilitar el acceso a la vivienda a quien no la tiene, si a la par de este tipo de soluciones no se generan nuevas oportunidades económicas para las familias que carecen de ella. Si bien se necesita mejorar la regulación sobre el uso del suelo en las áreas urbanas y promover una mayor y mejor oferta de viviendas y terrenos urbanizados, no se puede pasar por alto los graves problemas de derechos de propiedad sobre la tierra y la vivienda, así como la falta de oportunidades de trabajo fuera de los principales centros urbanos del país.

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