Martes 23 DE Julio DE 2019
Opinión

El Cambray II, ADN de la injusticia nacional

Reclamo ético ciudadano debe entrar a esos territorios.

Fecha de publicación: 08-10-15
Por: Edgar Gutiérrez

El Cambray II es una tragedia dantesca que nos ha golpeado a todos, quizá con mayor fuerza porque sabemos que era evitable, de la misma manera que tenemos la convicción de que, ahora mismo, hay 500 El Cambray II en potencia, donde habitan medio millón de seres humanos, y nos angustia no poder evitarlo si se conjugan, en mala hora, los factores del desastre.

Los medios han reportado que hubo advertencias oportunas de Conred a las autoridades de Santa Catarina Pinula. Los decisores, por tanto, no ignoraban los riesgos ni su responsabilidad de convertir en asentamientos humanos un lecho de río flanqueado por farallones.

Una investigación forense de carácter judicial, periodística o social sobre cómo las víctimas que habitaban El Cambray II llegaron a la hora fatal de la noche del 1 de octubre, encontrará la misma trama de abuso e irresponsabilidad, codicia e impunidad que está detrás de tanta tragedia social. El Cambray II es el ADN de la injusticia social, nacional, de muy larga data.

Su contracara es la urgente necesidad de vivienda de mucha gente sin opciones, lo cual se deriva de la exclusión social, pero también de la baja autoestima ciudadana (convicción de ser sujetos portadores de derechos y obligaciones) y la ausencia de canales ciertos de participación y representación de los intereses legítimos de los pobladores.

Los actores siniestros de la trama, aunque cambien de nombre, son los mismos: personajes particulares con poder que alteran impunemente el registro de la propiedad de bienes inmuebles y, de la noche a la mañana, aparecen con títulos y el respaldado de abogados, guardaespaldas y policías prestos al desalojo y el uso de los terrenos para sus emprendimientos espurios. Autoridades cómplices en el Registro, en la Municipalidad, en los Fondos de vivienda (“soluciones habitacionales”), por tanto, en el Ministerio de Comunicaciones y además en el de Ambiente, quienes legalizan los fraudes, se guardan la plata de los sobornos y se desentienden.

La tragedia de El Cambray II cae en la fase final de la primera etapa de la “revolución ciudadana” y es un signo de los tiempos. La ciudadanía revuelta no puede darse por satisfecha con renuncias y juicios en el caso La Línea. Debe atacar el corazón del sistema corrupto, clientelar y obsceno que aflora por donde volteemos la mirada. Cierto, en este caso, hay tratamientos técnicos y administrativos, como asumir los municipios de Guatemala en una unidad metropolitana, como lo manda la Constitución a través del Consejo de Desarrollo Metropolitano. Pero ahora hay que ir más allá: que los responsables directos e indirectos de esas tragedias evitables sientan la misma vergüenza y culpa de quienes están siendo señalados de montar estructuras para el robo en las aduanas. La onda expansiva de la revolución ciudadana y el reclamo ético debe entrar a esos territorios.