Jueves 18 DE Abril DE 2019
Opinión

Frenan control del financiamiento político

— EDITORIAL

Según informaciones de prensa, diputados del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), obviamente preocupados por los resultados de la investigación del financiamiento político-electoral ilícito de la UNE, que llevó a cabo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que compromete sus principales fuentes de financiamiento, introdujeron enmiendas al proyecto de Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) con el fin de suprimir el control y la fiscalización del financiamiento privado de los partidos políticos.

Sin duda, es negativo y pernicioso que la acción política, cuyo principal objetivo es integrar los cuadros del Estado, se subordine a intereses creados o a compromisos previos insospechados, que repercutan o condicionen un eventual desempeño de los cargos públicos.

En todo caso, cuando el financiamiento proviene de fuentes heterodoxas, es decir recursos que se originan de operaciones ilícitas, propias del crimen organizado y de las mafias, los candidatos que reciben este dinero o apoyo político automáticamente quedan comprometidos con los “capos”, a quienes lo único que les interesa es la impunidad.

También las fuentes ortodoxas, o sea los fondos provenientes de grupos económicos tradicionales o emergentes, dan lugar a que los políticos se sometan a condicionamientos, ataduras y compromisos, tales como favores, privilegios, tráfico de influencias y ventajas en general.

De ahí la importancia que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) fiscalicen y controlen los bienes dinerarios y no dinerarios que reciben los precandidatos, candidatos y partidos, y que no solo lo hagan público.

Cabe advertir que el costo de las campañas electorales se ha encarecido de manera exorbitante, generando todo tipo de sospechas, con la complacencia de la autoridad electoral, que tradicionalmente no ha adoptado medida alguna en función de controlar y fiscalizar los ilimitados y cuantiosos recursos que se gastan fuera del marco del Artículo 21 de la LEPP.

Reiteramos, entonces, que no es posible que los políticos accedan a cargos públicos con compromisos contraídos tanto con los tradicionales grupos económicos como con las mafias, porque, obviamente, se pone en duda su independencia de criterio y probidad a la hora de tomar decisiones.

Finalmente, denunciamos y rechazamos la pretensión de los diputados de la UNE en el sentido de suprimir el control y la fiscalización del financiamiento privado de los partidos políticos, ya que es una conspiración contra la democracia.

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